La profesionalización de los servicios civiles resulta un aspecto fundamental para favorecer el desarrollo económico, social y la lucha contra la corrupción. Uno de los factores determinantes en la capacidad institucional del Estado es contar con un servicio civil profesional.
La profesionalización del servicio civil no es un objetivo en sí mismo, sino que está orientado a mejorar el rendimiento de las organizaciones del sector público y, por lo tanto, los servicios que reciben los ciudadanos.
Los funcionarios de carrera del sector público cumplen un rol protagónico en la mayor parte del diseño de las políticas públicas y en todo el proceso de implementación, por lo que su labor tiene un alto impacto en la calidad de la entrega de bienes y servicios.
Un servicio civil competente y profesionalizado garantiza que las políticas y organizaciones públicas se adapten continuamente a las condiciones cambiantes de la sociedad y del entorno. Frente a las restricciones presupuestarias y a las exigencias ciudadanas por más y mejores prestaciones, el servicio civil debe incorporar objetivos de satisfacción del usuario, eficiencia y resultados.
Más allá de los objetivos anteriores, el alto peso de los recursos humanos en el total de gastos públicos también obliga a garantizar una buena gestión, ya que de ello depende la legitimidad del Estado y el compromiso ciudadano con el pago de los impuestos que financiar los salarios y las remuneraciones públicas.
Un estudio realizado en Paraguay en 2013 señalaba que la afiliación partidaria era el principal criterio para el reclutamiento del personal en el sector público y en segundo lugar, los contactos personales. Por otra parte, una investigación periodística de Última Hora había revelado que el 70% de los funcionarios del Poder Judicial están afiliados al Partido Colorado; magistrados, jueces y camaristas no solo están afiliados a la ANR, sino que, pese a que no está permitido, votaron en las internas partidarias.
Esta situación no cambió, al contrario, al parecer está empeorando si se consideran los escandalosos casos de nepotismo que se han venido denunciando en las últimas semanas y que involucran a hijos, hijas y esposas de parlamentarios.
Esta situación llama la atención, ya que Paraguay cuenta con una ley desde el año 2000, cuyo objetivo es justamente regular la situación jurídica de los funcionarios y de los empleados públicos, el personal de confianza y el contratado.
En este momento se está discutiendo en el Parlamento otra propuesta de ley presentada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de establecer reglas claras para el ingreso, permanencia y salida de los funcionarios públicos y brindará garantías a la ciudadanía de que se defiendan los intereses de todos, según referentes del Ejecutivo.
El propio presidente Peña resaltó la importancia de establecer el concurso competitivo para el ingreso a la función pública y también de regularizar las particularidades de los cargos de confianza; sin embargo, la ley vigente ya considera esa figura actualmente distorsionada y en clara violación por parte de parlamentarios quienes están nombrando a sus hijos y parejas bajo esa figura. Es decir, el problema no es necesariamente la existencia de regulaciones, sino la impunidad ante el incumplimiento.
La aprobación de una nueva norma puede ser positiva, pero si se hubiera cumplido la vigente estaríamos bastante mejor y, sobre todo, sin los escandalosos nombramientos descubiertos en los últimos días. Esperemos que la discusión sobre el proyecto de ley, actualmente en el Congreso, no sea solo una excusa para distraer la atención.
