La Gobernación de Canindeyú recibió la noticiación del ente contralor sobre la auditoría que se realizará tanto al ejercicio financiero del 2017 como al primer y segundo cuatrimestre del 2018, que corresponden a la administración del ex gobernador Alfonso Noria Duarte.
Asimismo, el gobernador puso a disposición de la Contraloría General de la República (CGR) los documentos pertenecientes al periodo iniciado el 15 de agosto de este año.
“Es importante, estamos en un tiempo en donde la ciudadanía exige la transparencia. En ese sentido, como institución nos ponemos a disposición. Todos los documentos están aquí a disposición de la ciudadanía y la Contraloría, no tenemos nada que esconder”, expresó el gobernador César Tigre Ramírez.
Lea más: La Contraloría General auditará gestión de ex gobernador de Canindeyú
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEl ente contralor dispuso el pasado jueves la auditoría a la Gobernación de Canindeyú, de los ejercicios financieros citados anteriormente.
La fiscalización se enfocará en las fuentes de financiación del grupo 500 que corresponden a las inversiones físicas, de infraestructura. También del grupo 800, transferencias, aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro.
No se descarta que también los auditores soliciten documentos de las ejecuciones presupuestarias que correspondan a otras fuentes de financiación.
Los controles estarán a cargo de los funcionarios designados; Mario Arévalos, Laura González y Alba Sotelo (jefa de equipo). Marta Benítez de Sánchez (supervisora) y José Krüssel Llano (coordinador).
Sin documentos
Ramírez puso a conocimiento del Ministerio público la falta de documentos respaldatorios que corresponden a la administración anterior.
La investigación está a cargo del agente fiscal Jorge Romero, quien citó a declarar al administrador de la institución, Luis Barreto; quien a su vez ratificó que no se encontraron documentos respaldatorios del gobierno anterior.
En este caso, la Contraloría solicitará al Tribunal de Cuentas -donde el ex administrador departamental habría enviado todos los documentos de su administración-, que provea dichos documentos para el cumplimiento de la auditoría ordenada por la CGR, según se dio a conocer.
