El artículo 16 de la Ley 426/94, del Gobierno Departamental, establece entre los deberes y atribuciones elaborar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del departamento, que se coordinarán con los del Gobierno Nacional, así como también deben coordinar planes, programas y proyectos con las municipalidades.
Las gobernaciones asimismo deben coordinar la acción educativa y la formación escolar y ciudadana; coordinar con los organismos competentes del Gobierno Central la política sanitaria; organizar con los recursos previstos en el presupuesto del departamento los servicios departamentales comunes, como obras públicas, provisión de energía eléctrica, agua potable, transporte y otros. Al mismo tiempo, deben las gobernaciones adoptar medidas para la preservación de las comunidades indígenas residentes en el mismo, del medioambiente y de los recursos naturales del departamento.
La Constitución Nacional de 1992 creó la figura de las gobernaciones así como también las juntas departamentales con la intención de descentralizar el Gobierno Central y de alguna manera también tener cercanía con la población.
Cuando leemos lo que establece el artículo 16 de la Ley 426, que establece la carta orgánica del gobierno departamental podemos inferir, luego de contrastar con la experiencia de la realidad y la gestión de estas instituciones, que lamentablemente poco se ha avanzado en lograr resultados óptimos. No solamente el país no avanzó en cuanto a la descentralización, sino que además ha quedado demostrado que las gobernaciones muy poco han hecho para elevar la calidad de vida de los vecinos de los departamentos del país.
Las gobernaciones y las juntas departamentales han tenido a su disposición muy buenos recursos, además de toda la infraestructura del Gobierno Central para aportar en temas como educación y salud, mejorar los caminos, la provisión de energía eléctrica y agua potable, así como el transporte. El abandono en el que sobrevive la población del país es, sin embargo, comprobable y bastante contrastable con la pésima gestión de gobernadores y ediles. A diario los medios de comunicación reportamos sobre escuelas públicas precarias, sin servicios básicos y donde los niños y niñas deben dar clases bajo los árboles, pues las paredes de sus escuelitas corren el riesgo de derrumbe; también a diario llegan en improvisadas ambulancias pacientes que ni siquiera tienen acceso a unidades de salud familiar o porque en estas unidades no disponen de medicamentos o insumos. Por otro lado, las lluvias que significan por lo general bonanza para el sector agrícola suelen dejar aisladas a poblaciones lejanas por el mal estado de los caminos. Frente a las necesidades de los paraguayos y paraguayas que viven en medio de tantas limitaciones y tantas necesidades, compatriotas que viven en comunidades que tienen autoridades municipales y departamentales con recursos y con la posibilidad de ofrecer asistencia, tarea que en realidad constituye una obligación para autoridades y funcionarios, solo queda reclamar por su desidia e incompetencia.
Las gobernaciones deberían ser el gobierno cerca de la gente, pero en cambio muchas de ellas solamente han sabido estar bajo la atención de los medios de comunicación en escandalosos casos de corrupción, mientras la población no tiene caminos ni escuelas ni hospitales. No podemos tener desarrollo si las autoridades no cumplen sus funciones y no son capaces de trabajar por el bienestar de la gente. Mientras esto siga así, la descentralización seguirá siendo un costoso fracaso.
