Malas gestiones, derroche de dinero, facturas falsificadas, improvisaciones, obras fantasmas, escuelas abandonadas a su suerte, son características de las gestiones de algunos gobernadores de Honor Colorado. Varios de ellos se encontraban en el oficialismo y huyeron a los brazos de Horacio Cartes para ser cobijados bajo su protección y evitar así que avance una investigación fiscal.
Pedro Pipo Díaz Verón, una semana antes de posar con Cartes en su sala —como todos los que se adhieren a su movimiento, lo hacen—, estaba en el acto de fundación del movimiento Fuerza Republicana, de Hugo Velázquez. Dos días antes de ese acto, la Fiscalía allanó la Gobernación de Caazapá, ya que, según denuncias, Díaz Verón habría entregado G. 465 millones de los fondos Covid a la organización Asociación de Desarrollo Interdistrital de Caazapá, en febrero del 2021, para una obra que no se realizó porque carecía de autorización y que consistía en la remodelación de la ex estación de Ferrocarril del distrito Moisés Bertoni. También pesa sobre él una denuncia de lesión de confianza por haber realizado un pago de G. 643 millones para reparaciones de maquinarias, que no se concretaron. Hugo Velázquez dijo que su ida tuvo que ver con la investigación y que la Fiscalía está siendo instrumentada por Cartes.
Juan Carlos Vera, de Guairá, está denunciado por los concejales departamentales por un presunto despilfarro de USD 2 millones que el Gobierno Central transfirió para la reactivación económica y ayuda social, en el marco de la pandemia del Covid-19. Recientemente, la Junta Departamental aprobó un pedido de intervención. Ya se presentaron tres denuncias ante la Fiscalía y ningún fiscal se asomó aún a la Gobernación.
El caso más emblemático sigue siendo el del gobernador Hugo Javier González, quien siempre estuvo en Honor Colorado y fue imputado recién luego de seis meses de sendas publicaciones periodísticas y denuncias de un supuesto desvío de USD 1 millón de los fondos de emergencia por Covid-19. Transfirió los fondos a dos organizaciones y rindió cuentas con facturas falsas que luego rectificó con otros documentos. La Auditoría del Poder Ejecutivo corroboró que casi todas las facturas eran falsas y un sinfín de irregularidades. Asimismo, lo hizo la Contraloría, meses después. Gracias al corporativismo de la Cámara Baja, que rechazó la intervención, sigue haciendo de las suyas y recientemente eliminó rubros de 18 escuelas, dejando a 2.000 alumnos sin profesores.
Desde noviembre, la defensa de Hugo Javier viene presentando varias chicanas para evitar presentarse a la audiencia de imposición de medidas. Actualmente, piden la nulidad del proceso.
A quien también acusan en el oficialismo de buscar protección de Cartes es al gobernador César Tigre Ramírez, quien habría entregado G. 5.150 millones a una sola organización, como lo hizo Hugo Javier en Central. Se trata de la comisión Pro Desarrollo del Norte, que al momento de recibir los fondos estaba recién establecida. La Fiscalía aún no investigó al gobernador y el ex futbolista desmintió dichas denuncias.
Otro que goza de la protección del ex presidente es el cuestionado intendente de Asunción, Óscar Rodríguez.
- Hugo Javier González
- Despilfarro.
- El gobernador de Central está imputado por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. Es investigado por desembolsos de los años 2019, 2020 y 2021 a unas pocas organizaciones.
- Pedro Díaz Verón
- Corrió de Añetete.
- Luego de que la Gobernación haya sido allanada por la Fiscalía, el gobernador de Caazapá se refugió en Honor Colorado, donde será candidato a diputado. No se supo más si la Fiscalía continúa investigando las denuncias de faltante de dinero.
- César Ramírez
- A una sola oenegé.
- El caso de César Ramírez tiene que ver con la entrega de G. 5.150 millones a una sola organización. La ida de Ramírez a HC se dio en octubre, poco tiempo antes de las elecciones. Era uno de los más férreos oficialistas antes de pasar al cartismo.
- Juan Carlos Vera
- Intervención.
- Trece de los catorce concejales departamentales aprobaron un pedido de intervención a la Gobernación de Guairá. La Contraloría ya encontró irregularidades en el uso de USD 2 millones. La Fiscalía aún no investiga al gobernador que se alió al cartismo.
