El presidente de la República, Santiago Peña, ha expuesto su visión de un trabajo coordinado de las instituciones del Estado para reforzar las acciones en el combate contra la corrupción, el contrabando, el narcotráfico y, en general, el crimen organizado.
Santiago Peña considera que el problema de la corrupción no involucra exclusivamente a la Policía Nacional, sino que esa se encuentra en todas las instituciones del Estado y señala que el combate debe ser conjunto. En esta línea de trabajo, impulsa la eliminación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos serán redireccionados a la Contraloría General de la República para reforzar las acciones de fiscalización de las diferentes instituciones del Estado. Actualmente ya se estaría desarrollando un proyecto de ley que permitirá a la Contraloría General de la República absorber a la Secretaría Nacional Anticorrupción. En el proyecto se plantea, entre otras cuestiones, la creación del consejo nacional anticorrupción, que estará conformado por los tres poderes del Estado, con representantes de las cámaras de Diputados y Senadores, de la Corte Suprema de Justicia, del Gabinete Civil de la Presidencia de la República; así también, con representantes del Ministerio Público y de la Contraloría.
La corrupción es un cáncer que carcome al Paraguay desde hace décadas. Como toda enfermedad maligna, debe ser tratada apropiadamente para acabar con ella. Lamentablemente, precisamente por no haberse implementado a tiempo las medidas de previsión y control, así como las punitivas, la corrupción se ha extendido precisamente como un cáncer, llegando incluso a corroer las mismas bases de nuestro sistema.
En lo referente a los planteamientos del presidente, en cuanto a la creación de un consejo anticorrupción, este bien podría apenas ser un reemplazo de manera administrativa y convertirse en otra instancia burocrática que no ataque el mal, que de esta manera seguirá extendiéndose por nuestras instituciones. Y, como el cáncer, la corrupción también mata. Cuando los recursos del Estado no llegan a donde deberían estar destinados, cuando los funcionarios desleales, no con el Gobierno, sino con la ciudadanía, los mal administran, muchas veces para su propio beneficio.
Una lucha contra la corrupción nunca podrá ser exitosa si el presidente de la República no acompaña su discurso y su declaración de intenciones con un accionar coherente. Santiago Peña ha nombrado en importantes cargos a políticos cuestionados. Con estos “hombres escombros”, tal como los caracterizaba el recordado monseñor Ismael Rolón, vemos un distanciamiento importante entre el discurso y el accionar de Peña.
José Ocampos, nuevo titular de Cañas Paraguayas (Capasa), había sido cesado de un anterior cargo por supuesto caso de planillerismo, pues apenas fue a trabajar un día en dos meses en la Cámara de Diputados, donde percibía un salario de G. 14 millones. La ex diputada y ex gobernadora del Alto Paraguay Marlene Ocampos, titular del Indi, previamente fue investigada por un faltante de G. 4.400 millones durante su administración. Otro cuestionable nombramiento es el de José Alvarenga, nuevo jefe en el área ambiental de Yacyretá. Alvarenga se hizo tristemente conocido como “compravotos” o “Jocédula”, después de que fue filmado en plena compra de votos en 2008.
El país necesita que Santiago Peña haga un buen trabajo como presidente, que logre sus metas, y para eso deberá rodearse de los mejores. Pero, sobre todo, debe priorizar acciones en beneficio de la ciudadanía, ya que el bienestar de la gente será lo único que le podrá dar credibilidad como gobernante.