El Gobierno nacional condena las facilidades que instituciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados otorgaron a los prófugos de la Justicia paraguaya, Juan Arrom, Anuncio Martí, y Víctor Colmán que ayer llegaron a Finlandia en calidad de refugiados políticos, tras abandonar una cárcel uruguaya donde estaban desde agosto, luego de fugarse de Brasil, aguardando este desenlace. Para esto, previamente debieron obtener la condición de refugiados en el Uruguay, lo que les fue otorgada el viernes pasado.
El Paraguay “rechaza enérgicamente” el tratamiento dispensado por el Gobierno de la República de Finlandia a los mencionados prófugos de la Justicia y las gestiones que dicho país realizara ante el Acnur para el otorgamiento de documentos de viaje especiales “que hicieron posible, una vez más, burlar y obstruir la Justicia”, expresa un comunicado emitido ayer por la Cancillería nacional, tras una reunión de carácter urgente, en la que participaron el comandante de la Policía Nacional, Francisco Resquín; el fiscal para Asuntos Internacionales, Manuel Doldán; el procurador general de la República, Sergio Coscia, entre otros.
El Gobierno paraguayo lamenta “la falta de cooperación” de las autoridades uruguayas en la persecución del crimen transnacional, más aún tras la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a través de la cual quedó patente que Arrom, Martí y Colmán “no son perseguidos políticos ni víctimas de abusos o violaciones de derechos humanos por parte del Estado paraguayo”, expresa el documento cuya lectura estuvo a cargo del ministro sustituto de Relaciones Exteriores, Enrique Insfrán.
Otro punto cuestionado es el levantamiento de los códigos rojos por parte de la Interpol, pese a las insistencias en contrario por parte de los agentes de la Justicia paraguaya y las gestiones diplomáticas desplegadas. “No se encuadra en la lógica ni en la razón. Este hecho actúa en desmedro de la credibilidad de la Interpol, haciendo dudar de su capacidad efectiva de perseguir el crimen organizado, y de los intereses a los que responde”, critica.
Ayer, en el aeropuerto de Barajas (Madrid), donde los tres paraguayos, acusados por el secuestro de María Edith Bordón, realizaron una escala, la cónsul general de Paraguay en la capital española, María Soledad Saldívar, intentó vanamente evitar que estos continúen viaje hacia Finlandia, aguardando que se activara el código rojo o alerta de captura internacional de la Interpol.
“Paraguay hizo todo lo que estaba a su alcance”, destacó ayer el procurador Coscia. Argumentó que la confidencialidad del proceso de obtención de refugio impulsado por Arrom y compañeros impidió estar al tanto de la marcha de esto.
De hecho, dijo, recién el martes, a las 20.00, fueron informados al respecto desde Uruguay, porque se había rechazado el pedido de extradición de los tres planteado por el Estado paraguayo.
Uruguay debería haber tenido en cuenta los hallazgos de la Corte IDH “que demuestran fehacientemente” que en este caso no hubo persecución política alguna ni razón que haga presumir que los derechos humanos de los citados prófugos estén en peligro de ser conculcados, lamenta el Gobierno.
“El Alto Comisionado se ha extralimitado en el ejercicio de su competencia, actuando con arbitrariedad, privilegiando la impunidad y lesionando la reputación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, resalta.
El Gobierno paraguayo lamenta la falta de cooperación de las autoridades uruguayas. Comunicado, Cancillería Nacional.
Elevaremos nuestra queja a la Interpol. Hace meses que estamos solicitando el código rojo y no nos han otorgado. Sergio Coscia, procurador general.
El uso indebido del estatus de refugiados para proteger a presuntos criminales es digno de repudio. Enrique Insfrán, canciller sustituto.
LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO
Se llama a consultas al embajador del Paraguay ante Uruguay, en protesta por la decisión del Gobierno uruguayo.
Cancillería convocó ayer al embajador del Uruguay para que brinde explicaciones y transmitirle protesta formal.
Realizará ante Finlandia el pedido de levantamiento del estatus de refugiado y la extradición de los tres paraguayos.
Formalizará protestas ante el Acnur, el secretario general de la ONU y otros altos órganos internacionales.
Presentará protesta ante órganos de la UE por el dispensamiento facilitado por Finlandia a los 3 prófugos de la Justicia.
El Estado también solicitará a Uruguay que revoque la condición de refugiados a Arrom, Martí y Colmán.
Documentos legales para viajar
Juan Arrom y Víctor Colmán ya cuentan con documento de identidad expedido por Finlandia, en tanto que Anuncio Martí con una acreditación o salvoconducto proveído por la ONU, a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Para el procurador general de la República, Sergio Coscia, es evidente que están respaldados por una organización.
“Muestra de ello es que mientras se tramitaban los papeles, ellos estaban presos en una cárcel de máxima seguridad”, señaló.
Anuncio Martí posee un documento del Acnur, cuya obtención demora meses y se gestiona a través de la ONU. “Evidentemente hay una organización detrás de ellos, que les está sosteniendo”, insistió ayer el procurador.