El ministro del Interior, Enrique Riera, adelantó, tras la segunda reunión interinstitucional, que el plan piloto se implementará antes de fin de año y con 100 pulseras electrónicas (sic) por lo menos (tobilleras).
“Los números de violencia de género asustan, hay mal calculado alrededor de 70 hechos de violencia por hora en capital y Central solamente. Nos obliga a tomar esta decisión lo antes posible”, manifestó.
En ese sentido, indicó que el plan piloto iniciaría con 100 tobilleras y se probará con unas 20 a 30 por mes para ir viendo cómo es el sistema de respuesta, además de si hay diferencias en el área urbana y rural, o si el sistema tiene problemas de internet o energía, pero que se trata de un tema serio donde hay vidas humanas de por medio.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppDe igual manera, aclaró que las tobilleras no es la solución para el feminicidio, que es un problema más complejo, de profundas raíces culturales, razones económicas, sociales, pero sí será una respuesta paliativa para poder mantener a los agresores lejos de sus víctimas, su pareja, su esposa y sus hijos.
Asimismo, dijo que la tobillera es una medida alternativa para otro tipo de hechos punibles, no solo para la violencia de género.
“La semana pasada quedamos con tres deberes pendientes, los fondos, la tecnología y la reglamentación. El decreto reglamentario está listo, los fondos se están buscando y algunas otras alternativas posibles y las tecnologías tenemos claro que tenemos que preparar la rápida respuesta simultánea cuando el agresor abandona el perímetro, usando toda la capacidad de respuesta de la policía”, reiteró respecto a las preocupaciones.
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En ese sentido, indicó que esta semana harán las interconsultas por vía telemática con otros países donde se ha implementado las tobilleras, con el fin de reducir los riesgos de su implementación en Paraguay.
El ministro manifestó que hay dudas que deben ser aclaradas, como dónde funcionará el monitoreo, quién programará, como también si la persona podrá ir a trabajar y si el trayecto no coincide con el trayecto de la víctima y los kilómetros a la redonda, entre otras dudas.
“Necesitamos terminar de ajustar los detalles para no cometer errores. Recibimos a seis empresas la vez pasada; no nos interesa quién gane ni cuánto gane, es legítimo que el sector privado compita, lo que nos preocupa es no demorar, porque están en juego vidas humanas”, remarcó.
Además, dijo desconocer aún si la compra se hará con una adenda, una ampliación presupuestaria o una excepción.
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Mencionó que la Dirección de Contrataciones Públicas recomienda una subasta electrónica a la baja y la posibilidad de que ganen dos empresas para ver cuál se adapta mejor a la realidad paraguaya.
“Vimos seis empresas, tecnologías parecidas, dos de EEUU, una de Israel, otra polaca. Ustedes se pueden equivocar comprando un auto malo, pero no nos podemos equivocar usando una tecnología para proteger a una mujer y su hijo y que no funcione porque alguno quiere picar una comisión”, aseguró.
Entre otras cosas, explicó que unas de las propuestas del Ministro de Justicia, Ángel Barchini, es que los procesados que tienen mayor capacidad económica paguen doble y con eso se subsidie a las familias más humildes.
“Esos son números que tenemos que cerrar, estos dispositivos cuestan el 10% de lo que costaría un detenido en cualquier de nuestras prisiones. Se calcula que un preso cuesta casi USD 100 y estos dispositivos cuestan entre USD 10 y USD 15 por día”, especificó.
También confesó que hay preguntas sin respuestas, como quién va a realizar las licitaciones y poner los fondos, ya que son cuatro presupuestos de dos poderes del Estado los afectados.
“Si llegamos a implementar un sistema malo o si falla la respuesta, nos vamos toditos, va a costar el cargo a toditos. Tenemos que equilibrar la urgencia de resolverlo y la seriedad del tratamiento de este tema”, aseveró.
Finalmente, dijo que es el fiscal el que va a solicitar al juez la medida del uso de tobilleras electrónicas, mientras que la competencia del Ministerio de Justicia es hacia el interior de la cárcel, por lo que la Policía Nacional deberá dar la respuesta ante la violación del perímetro de seguridad.
