El Gobierno y los empresarios manifestaron este lunes preocupación por las iniciativas legislativas que buscan reducir o limitar las tasas impositivas, además del aumento salarial a funcionarios públicos, que elevaría en 1,5 el déficit fiscal para este año y pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica.
Al respecto, el ministro de Hacienda adelantó que se estuvieron discutiendo varias acciones, como una propuesta de ley para evitar que las disputas políticas en años electorales sean evitadas, como el aumento de sueldos a los funcionarios públicos y la reducción de impuestos.
“Desde el equipo económico vamos a trabajar en una propuesta de ley que eviten este tipo de situaciones en años electorales o preelectorales. Construiremos esta iniciativa en línea con la responsabilidad fiscal”, señaló el ministro.
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Entre las propuestas legislativas que preocupan al Gobierno y a los empresarios se encuentra un proyecto de ley para la eliminación del impuesto selectivo al consumo (ISC) para los combustibles, que no tendría un impacto importante en los precios, según había explicado con anterioridad el viceministro de Tributación, Óscar Orué.
Asimismo, se busca la deducibilidad del IVA para ciertos bienes y servicios, además de la eliminación del IVA para productos de la canasta básica.
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También preocupa el proyecto que modifica el régimen de turismo comercial, que impactaría en la recaudación del Fisco y expone al país a sanciones por incumplir con tratados internacionales, además de afectar a los empleos formales, según había alertado ya el titular de la Unión Industrial del Paraguay (UIP), Enrique Duarte.
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Sobre los aumentos de salarios, el ministro de Hacienda dijo que se dio media sanción para el aumento de salario a los actuarios judiciales y que también se tiene una iniciativa relacionada con la carrera administrativa de los funcionarios de Salud, que podrían tener un impacto de USD 140 millones y que serán financiados con impuestos.
El impacto entre los recortes a los ingresos tributarios y los aumentos salariales rondarían los USD 700 millones, lo que preocupa al Gobierno y a los empresarios por darse en un año difícil, con una pandemia que aún no termina, a la que se le suman la sequía y el conflicto entre Rusia y Ucrania, que eleva los precios de los combustibles.