A raíz del conflicto suscitado en General Resquín, donde hubo enfrentamientos entre policías y campesinos que rechazaban fumigaciones en parcelas, el Gobierno Nacional convocó ayer a entes de los tres poderes del Estado, para coordinar acciones conjuntas tendientes a controlar institucionalmente el uso de agroquímicos, al tiempo de evitar nuevos enfrentamientos.
Con presencia del presidente de la República en ejercicio, Juan Afara, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, y representantes del Congreso, Fiscalía, Policía Nacional, Senave, Indert y ministerios, se decidió conformar un equipo encargado de establecer un protocolo de procedimiento en los casos que se presenten conflictos entre campesinos y sojeros.
En la práctica, según el senador Arnoldo Wiens, titular de la Comisión Permanente del Congreso, las personas que sospechen de irregularidades en el procedimiento de fumigación con agroquímicos, podrán denunciar el hecho en la comisaría jurisdiccional, para que se active un dispositivo coordinado con otras instituciones, a fin de verificar in situ la realidad de la denuncia.
El protocolo en cuestión se basará exclusivamente en la ley, y contemplará los límites para la producción, la fumigación y las zonas, entre otros puntos, según aseveró.
“Hemos salido (de la reunión) con un consenso total de que la ley no se negocia... No queremos que se infrinja la ley y haya escenarios de violencia”, expresó el senador nacional. El Estado paraguayo no está para apañar lo que está fuera de la ley, aunque sea un pariente o un conocido, de acuerdo con lo expresado por Wiens.
Tras la cumbre de poderes que se realizó a la mañana, en horas de la siesta tuvo lugar una reunión de técnicos, quienes están elaborando los procedimientos que deberán tenerse en cuenta a la hora de fumigar sojales. Esto dará pautas bien claras tanto para productores, campesinos, la Policía, Fiscalía, Seam y Senave, sobre las paustas a tener en cuenta.
En la fecha los técnicos volverá a reunirse en la Vicepresidencia para finiquitar el documento que servirá de guía para el correcto manejo de los agroquímicos y los mecanismos de denuncias en caso de violación de la Ley 3742, de control de productos fitosanitarios de uso agrícola
Según la citada legislación el Senave es el único órgano contralor del uso y aplicación de agroquímicos, mientras que la Seam, dentro del proceso, tiene a su cargo, facilitar o negar la licencia ambiental.
Al problema suscitado se suma las serias deficiencias de control desde el ingreso mismo de los agroquímicos al país. Hay cuatro vías de ingreso: el producto terminado, que es importado por las multinacionales; las industrias locales que importan la materia prima para el producto; las formuladoras, que compran los principios activos y por contrabando. La falsificación, el contrabando y la triangulación de agroquímicos mueve más de USD 10 millones al año.
