El Gobierno decidió finalmente dejar sin efecto el vertido de aguas tratadas del Hospital General de Coronel Oviedo en el río Tebicuarymí, tras una intensa presión ciudadana y movilizaciones que amenazaban con generar inestabilidad social en los departamentos de Caaguazú y Guairá.
La medida, que había sido defendida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) como una opción segura fue desechada luego de que el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, convocara a una reunión de emergencia con las ministras de Salud y Obras Públicas, el ministro del Ambiente y parlamentarios de Caaguazú, en un intento de calmar el creciente malestar social.
El lunes pasado, el ministro Rolando de Barros Barreto había ratificado que el plan seguía en pie y que los fluidos hospitalarios, previamente tratados, no representarían un peligro para el ecosistema ni para las poblaciones que dependen del Tebicuarymí.
Sin embargo, la presión ciudadana aumentó con una serie de protestas que incluyeron la instalación de una carpa de resistencia sobre la línea de colocación de los tubos que llevarían los efluentes al río.
La manifestación de ayer reunió a una gran cantidad de personas que marcharon desde la rotonda del cruce ovetense hasta la entrada del hospital en la zona de Tuyupucú, sobre la ruta PY08, generando una congestión vehicular de aproximadamente dos horas y dejando en claro que la comunidad no aceptaría la medida.
Alternativa. El nuevo plan del Gobierno establece que los fluidos tratados serán derivados al sistema cloacal de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) en Cnel. Oviedo, como alternativa al Tebicuarymí.
No obstante, este cambio también genera preocupación entre la población, ya que los desechos hospitalarios serán dirigidos a las piletas de tratamiento de la compañía Pindoty, cuyo sistema se encuentra obsoleto y en malas condiciones. Esto implica que el destino final de estos residuos sería el arroyo Espinillo, un cauce ya contaminado que atraviesa Nueva Londres y desemboca en el río Negro, en Cordillera, lo que no garantiza que el problema de contaminación haya sido resuelto de manera efectiva.
A pesar del anuncio oficial de que el Tebicuarymí ya no será receptor de estos fluidos, los manifestantes han decidido mantenerse en estado de alerta para asegurarse de que la decisión se cumpla y exigir que el tratamiento de los efluentes hospitalarios se realice de manera segura y sostenible.
La comunidad insiste en que no aceptará soluciones improvisadas que puedan poner en riesgo la salud de miles de personas y el equilibrio ambiental de la región.
El conflicto, que comenzó con la oposición de pobladores y autoridades municipales, logró unir a diversos sectores en defensa del Tebicuarymí, un recurso vital para la región. La presión social obligó al gobierno a retroceder en un plan que, hasta hace pocos días, parecía inamovible.
Sin embargo, la incertidumbre persiste, y las comunidades afectadas seguirán exigiendo una solución definitiva que garantice que los residuos hospitalarios sean tratados con los estándares adecuados y sin afectar los recursos hídricos de la zona.
