En el transcurso de la pasada semana, alrededor de 200 manifestantes de pueblos originarios de la parcialidad Mbya Guaraní llegaron hasta la capital para presentar sus reclamos al Gobierno. Por varios días, la población de Asunción y su área metropolitana los vio recorriendo las calles y también observó ante sus protestas. Los indígenas llegaron desde los departamentos de Canindeyú y Caaguazú, para denunciar que fueron abandonados por las autoridades; sus demandas giraban en torno a la distribución de víveres y el reconocimiento de nuevos líderes de la parcialidad, en el marco de la sequía y problemas de tierras.
Esta no es una situación inusual. A pesar de los derechos de los pueblos indígenas que son reconocidos en la Constitución Nacional, así como su existencia, y además definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y a la organización del Estado paraguayo, ellos siguen vagando por el territorio en busca de un lugar en el cual vivir con dignidad.
La última protesta se dio exactamente en medio de una también frecuente situación: el cambio del titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), puesto en el que fue nombrado por el presidente de la República, Omar Alexander Pico Insfrán, un ex concejal por Asunción, perteneciente a la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado. El nuevo presidente del Indi, afirmó que su prioridad será atender los problemas más urgentes de los indígenas.
Cuando Pico dialogó con los medios de comunicación, tuvo que reconocer que nunca antes había trabajado con comunidades indígenas, ni temas relacionados. Y sobre su plan de trabajo dijo: “la intención es trabajar en proyectos para que puedan mejorar sus vidas”.
La titularidad del Instituto Paraguayo del Indígena es una de las instituciones con menos estabilidad. También se caracteriza por los nombramientos basados en la afinidad político partidaria de los candidatos con el gobierno de turno. Y es precisamente por esta razón que la solución de la problemática de los pueblos originarios sigue siendo pospuesta y solamente se ponen parches y se apagan incendios. El Estado ignora deliveradamente la situación y desconoce la verdadera situación en la que viven los indígenas.
La situación de los pueblos indígenas en el Paraguay es crítica. Como señala en Informe Derechos Humanos 2021, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, la tasa de mortalidad indígena causada por el COVID-19 fue tres veces mayor que en el resto de la población. También se mencionan otras situaciones que viven casi a diario las comunidades, como son los desalojos violentos que ponen en riesgo la vida de mujeres, niños y niñas; así como la criminalizar del reclamo de tierras que los afecta tanto como a los campesinos.
El Estado paraguayo tiene la obligación de atender los reclamos de los indígenas y no solamente aplazar el tratamiento de los mismos. Para lograrlo, el primer paso debería ser nombrar a las personas más conocedoras del tema y no solamente a los correligionarios. El Estado paraguayo acumula una gran deuda con los pueblos originarios, es hora de asumir seriamente la tarea.
