Las perspectivas en el ámbito del transporte público son alarmantes. Las repetidas denuncias de la situación causada por el sector empresarial con las reguladas del servicio que causan incomodidad e importantes perjuicios a los usuarios, apenas ha recibido respuesta por parte de las autoridades del Gobierno con tímidos e inútiles parches.
Si los empresarios hacen reguladas y la población debe aguardar por horas las unidades que los lleven al estudio o al trabajo, y el Gobierno, ante el grave problema, responde poniendo en circulación algunos buses gratuitos como respuesta a la presión empresarial, entonces se ven escasas las posibilidades de ofrecerle una solución al reclamo ciudadano. Las víctimas, en este caso, deben seguir soportando un pésimo servicio, y los victimarios siguen gozando de impunidad.
Las reguladas, sin embargo, son ya noticia de ayer. Las nuevas e impactantes revelaciones, no obstante, configuran un nuevo y mucho más complicado panorama.
Primero fue el caso de los pasajeros fantasmas. El nuevo viceministro de Transporte recibió un reporte de 480.000 validaciones sospechosas en 2022; con una sola tarjeta se hacían más de 10 validaciones en el día. La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), con un eficiente trabajo de investigación, confirmó que con una tarjeta se realizaron más de 600 viajes un domingo, precisamente uno de los días de la semana en que el servicio de transporte es prácticamente inexistente.
Luego la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) anuncia la investigación de más de veinte empresas de transporte público de pasajeros en Asunción y el área metropolitana, con el fin de verificar la correspondencia entre los ingresos expuestos en sus documentaciones y el dinero que recibieron en concepto del subsidio al pasaje. Según los primeros reportes, fueron detectadas algunas inconsistencias entre los montos declarados y lo que realmente recibieron las 20 empresas de transporte. Esto fundamenta las sospechas de que nos encontramos además ante un caso de evasión de impuestos. La diferencia entre lo declarado y lo que recibieron en concepto de subsidio, a lo que hay que sumar los montos que abonan los pasajeros y que forman parte de la tarifa técnica, es lo que debe ser rigurosamente investigado.
Como si lo anteriormente mencionado no bastara para que las autoridades asumieran la gravedad de la situación, la SET detectó, además de los indicios de evasión, algunas quiebras sospechosas de empresas del transporte público.
Según manifestó el viceministro de Tributación, Óscar Orué, están detectando que muchas empresas se declaran en quiebra, se van y abren otras. Y eso también deberá ser rigurosamente investigado. Orué agregó también que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, solicitó que todas las instituciones vinculadas al transporte público fueran indagadas.
El ciudadano tiene derecho a acceder a un eficiente sistema de transporte público; y la obligación del Gobierno supone, en este caso, un nuevo nivel de responsabilidad, el cual es cuidar del correcto uso del dinero público, valga decir, los recursos destinados a subsidiar el transporte público.
Se debe, por lo tanto, en primer lugar transparentar la gestión y asegurar que los recursos estén bien asignados y utilizados; pero no se debe perder de vista la urgencia de ofrecer a la ciudadanía un buen servicio, el que le permita trasladarse al trabajo o al estudio con total seguridad y comodidad, y respetando su dignidad. Paraguay precisa un nuevo sistema de movilidad urbana, este es el gran desafío para las autoridades.