En los primeros meses de este año el Ministerio Público recibió un total de 219 denuncias diarias por hechos de robo y hurto. Este dato representa nueve denuncias por hora, o formulado de otra manera, cada 6,5 minutos un paraguayo o una paraguaya es víctima de la inseguridad.
La situación de vulnerabilidad e impotencia que vive la población a diario es insostenible. Las personas precisan gozar de todas las garantías para poder desarrollar sus actividades con normalidad, pues cómo alcanzaremos el nivel de desarrollo al que aspiramos si los ciudadanos no pueden salir a realizar sus actividades laborales, de estudio o esparcimiento familiar sin ser atacados o agredidos por delincuentes.
Los casos de robo, ataques de motochorros, por citar ejemplos, o los atracos a tiendas y negocios están a la orden del día e infunden temor en la gente. Los crímenes son a veces muy violentos; casos como el de la joven madre que fue asaltada mientras tenía a su bebé en brazos o el trabajador asesinado para quitarle la motocicleta.
La población se siente impotente precisamente por dos factores: insensibilidad e incompetencia de las autoridades, lo cual es sumamente grave porque socava la confianza en el mismo Estado.
Sabemos bien también que los datos oficiales son incompletos, porque en numerosas ocasiones las víctimas ni siquiera consideran la posibilidad de realizar la denuncia pertinente ante las autoridades. Por un lado se debe a la falta de confianza en las mismas, sentimiento que se fundamenta en escasa credibilidad, pero también porque la población tiene la fuerte percepción de que pocas veces se resuelven positivamente los casos.
Respecto a estos temas, podemos decir que el nuevo comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, inicia su gestión con una saludable actitud de no negar la situación ni los problemas de la institución. El comisario, en una entrevista, apuntó al fortalecimiento del Departamento de Asuntos Internos de la institución para eliminar a los uniformados corruptos o ligados con el crimen organizado.
“Nosotros no queremos convertirnos en una amenaza armada para la sociedad, al contrario, queremos ser garantes de la prevención y de la seguridad”, sostuvo al señalar que un solo uniformado corrupto representa una “amenaza grave” para la seguridad del ciudadano.
Sin lugar a dudas es un tema que deberá ser encarado y resuelto por el nuevo Gobierno. La fragilidad de las fuerzas de seguridad explica también la impunidad, que es una característica en nuestro país, construida básicamente con la complicidad de la clase política, que abrió las puertas de las instituciones al dinero sucio para financiar campañas y candidaturas, con el pago de favores respectivo, marcando de esta manera su influencia en las decisiones políticas.
Ese círculo vicioso se completa con delincuentes y sospechados de contactos con narcos, que ocupan curules en el Parlamento Nacional. Es urgente que se pongan límites, y se marquen estos límites claramente, porque ya no se puede seguir tolerando el uso del dinero sucio en política, socavando las instituciones y al mismo tiempo debilitándolas.
No se puede permitir que los criminales tomen el control de nuestro territorio y de nuestras vidas. No se puede permitir que el territorio nacional sea considerado una zona liberada para la delincuencia y el crimen organizado.
Para que la población pueda vivir, trabajar y estudiar en paz y con tranquilidad y seguridad necesitamos que las autoridades y los funcionarios se comprometan y pongan en primer lugar de sus prioridades el bienestar de la ciudadanía.