Es inaudita la forma en que en los últimos días se ha manejado la información referente a las condiciones en que podrían encontrarse las tres personas secuestradas por el grupo armado, el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Pocas veces en nuestra historia, la sociedad paraguaya habrá sido testigo de tanta torpeza en el manejo gubernamental de un tema tan sensible y delicado.
“No sabemos dónde están nuestros familiares”. “Esto es un circo”, había dicho Beatriz Denis, hija del ex vicepresidente Óscar Denis, quien permanece secuestrado hace más de dos años por el EPP.
Estas situaciones no son usuales para un estado de derecho. Esto no debería estar ocurriendo en una verdadera democracia. Que un gobierno no tenga respuestas para las familias de tres personas secuestradas es signo de que algo no está funcionando en el sistema. Y son inaceptables el tormento y la pesadilla que viven las familias de las víctimas.
El suboficial de Policía Edelio Morínigo fue secuestrado hace ocho años, y el suyo es considerado el más largo en la historia del país. Le sigue el del ganadero Félix Urbieta, quien ya lleva seis años de plagio, y finalmente la retención del ex presidente Óscar Denis, quien lleva secuestrado más de dos años. Respecto a la condición en que puedan encontrarse los tres secuestrados sus captores nunca han brindado información alguna; ni el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el Ejército del Mariscal López (EML) ni la Agrupación Campesina Armada Ejército del Pueblo (ACA-EP) han dado nunca información alguna.
Consideramos que encontrarlos, y con eso ofrecer respuestas a sus familiares debería ser una prioridad de nuestras autoridades. En vez de eso, el Gobierno recientemente acometió un verdadero despropósito con el escandoloso permiso para dejar ingresar el féretro del líder del Ejército del Pueblo Paraguayo, Osvaldo Villalba, al Penal de Mujeres para que la hermana se despidiera de este. En los 30 años que lleva de creación este grupo criminal armado el Estado paraguayo no se había mostrado tan frágil y desorientado; particularmente después de haberse anotado un importante éxito al abatir al mencionado líder del EPP.
Ni secuestrados ni desaparecidos son admitibles en ninguna circunstancia. Ciertamente Paraguay ha vivido periodos oscuros durante la larga dictadura stronista de 35 años durante los cuales sí hubo personas desaparecidas por motivos políticos, y en aquellos años fue el mismo Estado paraguayo el responsable de estos crímenes. En los tiempos que vivimos, con un estado de derecho, con una democracia formal, que puede no ser perfecta, pero que funciona, no pueden ser tolerables situaciones como la que están sufriendo los secuestrados por el EPP Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis. No se puede aceptar el calvario de los retenidos por el grupo armado ni la incertidumbre con que son castigadas sus familias.
El Estado paraguayo debe priorizar el rescate de los retenidos por el EPP. En este punto ya no son aceptables las excusas, pues con el sacrificio de los contribuyentes se ha dotado a la Fuerza de Tarea Conjunta de recursos suficientes para llevar adelante el combate a los grupos armados del Norte. A esta fuerza de seguridad se le ha dedicado un promedio de USD 14 millones de dólares al año y los resultados no han sido auspiciosos, ni siquiera han llevado algo de alivio y seguridad a las sufridas comunidades del Norte del país.
Ya no podemos seguir aceptando sin cuestionamientos la mala gestión, particularmente de un aspecto tan básico como es la gestión de comunicación interinstitucional. Y no es admisible que en un sistema democrático como el que vivimos, a nivel gubernamental, se permita confusiones y equívocos cuando se trata de la vida y seguridad de las personas.