Hace apenas unos días un ex vicepresidente de la República cumplía dos años secuestrado en manos del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. Para combatir a este grupo fue creada en 2013 la Fuerza de Tarea Conjunta, a través de una modificación en la Ley N° 1337/99, de Defensa Nacional y Seguridad Interna, con la que se autorizaba a que militares participen en la contrainsurgencia.
La FTC cuenta desde hace nueve años con un presupuesto estimado en más de un millón de dólares mensuales y no ha podido capturar o vencer a los miembros del grupo armado, que mantiene secuestradas a tres personas, incluido el ex vicepresidente Óscar Denis.
Dicho de otra manera, el no haber podido resolver el problema de violencia en el Norte del país no se debe a la falta de recursos; las explicaciones son de otra índole.
En la misma línea de razonamiento, ante la actual indefensión en que vive la población, no se han escuchado respuestas concretas de parte de las autoridades.
Cuando a diario los medios de comunicación informan sobre asaltos a la luz del día, cuando los ciudadanos viven con el temor de ser asaltados mientras aguardan por el transporte público, y a veces también son asaltados dentro del mismo transporte público. No hay explicaciones de las autoridades. Cuando delincuentes asaltan a un grupo de niños que tranquilamente jugaban en la vereda de su casa, en la ciudad de Luque. O como expresó el padre de uno de los niños: “Ya no podemos sentarnos frente a la casa, tenemos que estar encerrados y es una lástima. Los niños siempre juegan acá y es lamentable lo que pasó”. No hay explicaciones de las autoridades.
Pero además de toda esta situación de violencia cotidiana cuasinormalizada por la población, suceden hechos como los que vivimos en el país en los últimos días, que colaboran sin dudas a aumentar la sensación de desamparo de la gente. Por un lado, un violento motín en la cárcel de Concepción con un saldo de muertos y heridos pone en alerta a las autoridades del penal, con justa razón, pues, reconocido recientemente por el mismo ministro de Justicia, la facción criminal del Primer Comando Capital (PCC) representa el mayor problema en el sistema penitenciario.
Por otro lado, el asalto tipo comando para robar un banco hace revivir recuerdos muy terribles, pues no es la primera acción criminal, del tipo “espectacular” que hemos vivido. Un grupo tipo comando fuertemente armado asaltó durante la madrugada la sucursal del Banco Regional, en la localidad de Pirapó, en el Departamento de Itapúa. Un grupo de unas 15 personas llegaron armadas con metralletas y granadas explosivas para atacar la sede bancaria. El ataque duró aproximadamente 15 minutos; los delincuentes destruyeron el local antes de darse a la fuga.
Frente a esta realidad, los ciudadanos precisan saber que las autoridades del Gobierno cuentan con planes para resolver esta angustiante situación, pues la sociedad necesita con urgencia desenvolverse en un ambiente seguro, en un entorno libre de violencia.
Todavía se está a tiempo de que el Gobierno responda con acciones, con planes a corto y mediano plazo, a que plantee incluso compromisos con la ciudadanía que sin dudas tiene derecho a aguardar el transporte público sin miedo a ser asaltada, y a que los niños jueguen tranquilos y seguros en las veredas, sin miedo a los motochorros. No necesitamos más excusas, necesitamos respuestas. Y, sobre todo, no se puede dejar el país en manos del crimen organizado y de las diversas mafias que actualmente tienen gran influencia.
