Es lo que está ocurriendo ahora con la crisis generada por la pandemia. El Poder Ejecutivo decretó hace un mes la cuarentena para hacer frente al coronavirus pidiendo a la ciudadanía que haga el sacrificio de permanecer en sus casas. Los más golpeados son los trabajadores informales y aquellas empresas que se vieron forzadas a suspender el contrato laboral.
Desde la presidencia lanzaron dos frentes para asistir a los sectores más vulnerables. El programa Ñangareko, que tiene como meta realizar transferencia monetaria de G. 500.000 a 350.000 familias en estado de vulnerabilidad. Es administrado por la Secretaría de Emergencia Nacional. Tras varios problemas y confusión, la primera transferencia se inició el 31 marzo. A 14 días, la ayuda aún no alcanzó al 30 por ciento de las personas inscriptas. Sin completar la primera asistencia, el Gobierno inició la semana pasada la inscripción al segundo programa de subsidio de emergencia sanitaria denominado Pytyvõ, que alcanzará a cuentapropistas e independientes. Anunciaron que se extenderá el proceso de inscripción porque hubo problemas informáticos.
MUCHO DINERO. Además de los USD 1.600 millones de préstamo que realizó el Gobierno, avalado por la Ley de Emergencia sancionada por el Congreso en el marco de la crisis sanitaria, las autoridades recibieron ya antes de la pandemia mucho dinero para fortalecer el plan de acción social y focalizar la ayuda para sectores vulnerables.
Hay fuertes cuestionamientos porque las 27 instituciones que manejan 96 programas y USD 4.000 millones del Presupuesto para solucionar el problema de la pobreza no tienen una base de datos exacta de la población.
A esta situación se suman las gobernaciones y municipios que también demuestran lentitud para responder a nivel local y dejan todo en manos del Gobierno Central, además de la corrupción que corroe a muchas de sus autoridades.
En setiembre de 2018 se realizó el lanzamiento del sistema de protección social Vamos, con la que se espera ampliar el acceso a sistemas de salud y educación; mejorar las condiciones de empleabilidad de la población; la productividad; las oportunidades de la gente para insertarse en el crecimiento económico.
Luego se presentó el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza y como muestra de los recursos millonarios que recibe el Gobierno, a principios de este año, la Unión Europea formalizó la donación de USD 53 millones para fortalecer el sistema de protección social que apunta a que la ciudadanía pueda tener un acceso integral a las prestaciones sociales. Pese a todos los recursos de que dispone el Gobierno, la ayuda no llega a la población y se genera un fuerte descontento social. Mientras, los actores políticos hacen brazos caídos porque no hay elecciones en puertas (se postergaron las municipales) y se diluyó el interés de captar votos.
53 millones de dólares es la donación realizada por la Unión Europea para fortalecer los programas sociales.
96 programas sociales en 27 instituciones públicas suman USD 4.000 millones del Presupuesto para acción.