Los transgresores se exponen hasta a cinco años de cárcel. Por ello, el Gobierno exhorta a la ciudadanía a no inscribirse si no cumple con los requisitos establecidos en las normativas establecidas sobre el tema.
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René Fernández, titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), presentó este jueves los datos sobre las denuncias registradas hasta el momento de personas que pretenden acceder a los subsidios de los programas Ñangareko y Pytyvõ.
Asimismo, dio a conocer el portal web donde las personas pueden presentar sus quejas por algún inconveniente o radicar denuncias sobre procesos irregulares en la ejecución de los fondos extraordinarios vinculados con la campaña del Covid-19.
El portal es www.denuncias.gov.py, así como el número de teléfono (0961) 505-660, donde se recepcionan denuncias anónimas o nominadas que puedan tener seguimiento.
El proceso de control es llevado a cabo, además de la Senac, por la Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República. Además, son apoyados en el trabajo por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el Ministerio Público y la Policía Nacional.
Fernández dijo que, por un lado, se realizará un estricto proceso de control sobre la utilización de recursos por parte del Ministerio de Salud, para la adquisición de equipos e insumos con el objetivo de combatir el coronavirus. La información será expuesta en distintos portales del Poder Ejecutivo.
Asimismo, indicó que se trabaja en un software para el portal para la presentación y visualización de todos los datos para que los ciudadanos puedan ejercer un mecanismo de control de los recursos.
El titular de la Senac dijo que apenas reciban la lista de beneficiarios de los programas Ñangareko y Pytyvõ, se publicarán en la página Transparencia Paraguay.
Investigación de posibles fraudes
Con relación a la investigación sobre posibles casos de fraude, Fernández dijo que se habilitaron portales y páginas web para recepcionar denuncias vinculadas con la administración de fondos extraordinarios.
Al respecto, indicó que de las 190 denuncias relacionadas con el programa Ñangareko recibidas hasta el momento, 165 son por quejas o errores en la carga de datos, así como por la no recepción del dinero en la billetera electrónica habilitada.
En cuanto a los 25 casos restantes, dijo que corresponden a situaciones irregulares, cuya investigación es llevada adelante por la Senac, la Auditoría del Poder Ejecutivo, la Policía Nacional y la Unidad Especializada contra Delitos Informáticos del Ministerio Público.
“Van a ser profundizadas todas estas denuncias para que, en caso de que sea detectada alguna conducta vinculada con la pretensión de acceder indebidamente a los subsidios, esas personas van a ser individualizadas y van a recibir las consecuencias civiles y penales que correspondan”, advirtió.
Dijo que el Estado paraguayo posee la capacidad de análisis e investigación masiva de datos, que están al servicio de esta investigación. “Es decir, se van a hacer investigaciones masivas de datos respecto a esas personas que hoy día se hayan inscriptos y que no les corresponde recibir esos subsidios”, explicó.
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Expresó que existen dos mecanismos que aseguran que esas responsabilidades van a ser individualizadas. Por un lado, la persona que accede a este subsidio va a tener que aceptar las condiciones que están establecidas en el decreto reglamentario para ser beneficiario del programa, con lo cual afirma que se encuentra contemplado dentro del perfil o rango de ciudadano a quien le corresponde la transferencia.
Agregó que, por otro lado, los desembolsos se hacen siempre a personas debidamente identificadas a través de las billeteras electrónicas, con lo cual el beneficiario final de los subsidios va a estar individualizado y si no corresponde que reciba la transferencia, deberá afrontar las consecuencias civiles y penales por haber accedido a los recursos del Estado.
“Se están aplicando los filtros que tiene el Estado para excluir a esas personas que no corresponde que reciban estos subsidios, pero si, a pesar de todos los esfuerzos y todos los filtros aplicados informáticamente, alguna persona haya recibido también tenemos la capacidad de investigación, análisis e identificación de esas responsabilidades y esas investigaciones van a seguir hasta llegar a los responsables”, comentó.
Las personas que hayan cobrado el subsidio sin cumplir los requisitos, se exponen a ser procesadas por estafa o adquisición fraudulenta de subvenciones se exponen a penas privativas de libertad de hasta cinco años. Además, la declaración falsa de datos establece también cinco años de cárcel.
Fernández dijo que serán cotejadas tantos las listas de personas inscriptas directamente a través de la página web, como las proveídas por municipios y gobernaciones.