EFE
“El Estado mexicano no se va aprestar al chantaje ni a litigar en los medios lo que debe ser juzgado únicamente por los tribunales”, afirmó el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, tras defender las medidas adoptadas para fortalecer el resguardo del capo.
Señaló que su entorno está trabajando en una “estrategia mediática” para “desviar la atención” y “victimizar” al líder del cártel de Sinaloa, que se ha fugado dos veces de un penal de máxima seguridad, y recordó que este “ha dañado profundamente la sociedad” con acciones que “han causado la muerte de muchos mexicanos”.
Por ello, el criminal será “castigado con todo el peso de la ley”, sentenció Sales.
Respondiendo a los letrados de Guzmán, que han denunciado que no dejan dormir y tienen prácticamente incomunicado a su representado en la prisión del Altiplano, el comisionado reconoció que el Estado ha empleado “medidas para fortalecer su resguardo”, pero acorde a la legalidad.
Afirmó que la Constitución contempla “medidas de vigilancia especial” ante casos de delincuencia organizada, así como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada e incluso el poder judicial, que negó un amparo del Chapo que buscaba acabar con este estricto control.
Sales recordó que parte de esta “abierta” táctica mediática está conformada por las recientes declaraciones de una supuesta hija del Chapo, Rosa Isela Guzmán, al rotativo The Guardian, quien dijo que tras su fuga en 2015 había cruzado la frontera de EE.UU. en dos ocasiones para visitar a familiares y habló de “un pacto” con las autoridades.
“Son señalamientos que carecen de soporte probatorio” y que buscan dañar a las instituciones, afirmó.
“Ni treguas, ni alianzas, ni pactos con el crimen, los hechos así lo han demostrado. (...) No vamos a ceder ante especulaciones”, agregó.
El criminal escapó en julio de 2015 a través de un túnel de 1,5 kilómetros que partía de su celda en el penal del Altiplano, en el central Estado de México, y allí mismo fue recluido tras su recaptura el pasado 8 de enero en la localidad de Los Mochis, Sinaloa.
Su primera fuga fue en 2001, cuando abandonó la cárcel de Puente Grande, en el occidental estado de Jalisco, en un carrito de lavandería y permaneció prófugo hasta principios de 2014, cuando fue detenido nuevamente.
