“El primer mandatario afirmó que continúa el trabajo coordinado entre las instituciones responsables hasta localizar a los 43 jóvenes y hacer justicia porque se trata de una prioridad de Estado”, indicó el Gobierno en un comunicado.
El encuentro ocurre un mes después de que una jueza federal mexicana dictara prisión formal para el capitán José Martínez Crespo, el primer militar detenido por su presunta implicación en el caso de la desaparición de los 43 jóvenes en Guerrero, estado del Sur del país.
Según la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el 26 de setiembre de 2014 policías corruptos del municipio de Iguala detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero de Cocula y tiró los restos en un río.
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Pero familiares y una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron esta versión de la “verdad histórica” al señalar que los cuerpos no pudieron quemarse en ese lugar.
López Obrador, quien asumió en 2018 con la promesa de resolver el caso, admitió este 1 de diciembre en el segundo aniversario de su Gobierno que encontrar la verdad es uno de los tres compromisos de campaña que aún tiene pendientes. Tras el encuentro de este jueves, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, expresó que “no hay mucho que informar”.
“Fue una reunión más de balance, una reunión de lo logrado, de las órdenes de aprehensión que se han librado, las órdenes que ya se han ejecutado o están pendientes por ejecutarse y el compromiso de una próxima reunión en el mes de enero”, señaló.
El representante legal aseveró que de 80 órdenes de arresto, todavía están pendientes de cumplimentarse entre 40 y 50.
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Rosales también comentó que México busca que Israel expulse a Tomás Zerón, ex director de la extinta Agencia de Investigación Criminal, acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso.
El abogado advirtió la complejidad de este hecho porque no existe un tratado de extradición con Israel, lo que dificultaría procesar a Zerón, uno de los autores claves de la “verdad histórica”.
En la reunión también participó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, en calidad de titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.
Encinas presentó el informe actualizado en torno a los ejes de trabajo del Gobierno: búsqueda, proceso de judicialización, acopio, análisis y entrega de la información.
También estuvo de forma virtual el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.