Hay una constante que se repite cada año en el Parlamento con respecto a los pedidos de intervención de municipios: El voto por la impunidad. Son demasiados los casos y algunos de ellos, muy groseros, en los que intendentes y concejales dejan de ser verdaderamente servidores de los vecinos para quienes deben trabajar. Precisamente quienes deberían ser el gobierno que está más cerca de la gente acumulan denuncias nunca aclaradas, pero siempre acalladas por pactos políticos de impunidad en el Parlamento.
El gobierno municipal de Asunción, el de Óscar Nenecho Rodríguez, no es la única administración que está en tela de juicio. A lo largo y ancho de la República, intendentes son cuestionados, pero eficientemente blanqueados en la Cámara de Diputados, que es el lugar donde terminan las posibilidades de transparentar las administraciones cuestionadas, es ahí donde se frenan los pedidos de intervención. El corporativismo funciona como una maquinaria bien engrasada y se impone con pactos políticos que dé impunidad.
Jefes comunales de Tomás Romero de Pereira, Carapeguá y San José del Rosario, en la mira por informes de la Contraloría General de la República, y otros, incluso, bajo la investigación de la Justicia, han sido salvados en la Cámara de Diputados, que es la instancia que debe prestar su acuerdo constitucional para la intervención o no por parte del Poder Ejecutivo.
En uno de estos casos, el intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno, cuyo hermano es el diputado José Domingo Adorno, habría adquirido un vehículo con un cheque a nombre de la Municipalidad de Puerto Casado, pero el vehículo fue adquirido a nombre del intendente y no del Ejecutivo Municipal. Ese pedido de intervención quedó archivado. Diputados también rechazaron un pedido de intervención de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, donde ejerce como intendente el padre del senador colorado Hernán Rivas.
En Ñemby se cuestiona la administración por licitaciones supuestamente amañadas, y en la Comuna de Valenzuela, en Cordillera, la intendenta liberal fue denunciada por concejales colorados por daños patrimoniales por obras no existentes. En Bahía Negra, Alto Paraguay, se realizó un llamado a licitación por una astronómica suma para construir un aula y obras anexas en una escuela indígena. Hacia el sur del país, el distrito de Jesús de Tavarangue tuvo en una semana tres jefes comunales: Uno fue procesado por corrupción; la interina fue designada por el TSJE y una tercera fue electa por la Junta. En Paraguarí, el intendente de Mbuyapey fue denunciado por los vecinos por haber supuestamente utilizado G. 264 millones de los fondos de royalties para hacer mejoras en el hipódromo municipal. Los pobladores reclaman que en la comunidad falta combustible para ambulancia, medicamentos, fortalecimiento de la agricultura y caminos, por lo que las carreras de caballos organizadas por la Comuna no deberían ser prioridad.
Asimismo, los pedidos de intervención que llegan hasta el Parlamento son utilizados como moneda de cambio o amenaza, desvirtuando de esta manera la herramienta de control de transparencia para los municipios. Claramente quedó demostrado esto cuando el mismo presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, al opinar sobre la imputación al intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, procesado por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa “Detergentes de oro”, anunció que si fuera solicitada la intervención de la Municipalidad de Asunción, él pedirá la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Recordemos el caso del intendente Miguel Prieto, quien acumula un récord de denuncias. El detalle relevante es que Prieto no es afín al oficialismo colorado cartista.
Es inadmisible que frente a las necesidades que viven paraguayos y paraguayas en el país, que viven en medio de limitaciones y necesidades, en comunidades abandonadas por autoridades municipales que no les asisten ni priorizan su bienestar, las malas gestiones de estas autoridades y sus malos manejos queden impunes con la connivencia política en Diputados. Como resultado, los ciudadanos dejan de confiar en autoridades que no las representan ni resuelven sus problemas básicos.
