La afectada, Liliana Colmán, denunció que 60 millones de guaraníes sustrajo su ex amiga y empleada, Mirian Elizabeth Bogado Medina, quien trabajaba en la casa ubicada en el barrio Gloria María, de Villa Elisa.
Ante la sospecha del marido de Colmán, decidieron colocar a escondidas una cámara de vigilancia en la pieza del matrimonio, en dirección al ropero en donde estaba guardado el dinero de los afectados.
Si bien desde los meses de setiembre y octubre registraron los faltantes, la pareja logró descubrir que el pasado miércoles 15 de enero la empleada ingresó en horas de la mañana a la pieza y tras observar todo a su alrededor, sustrae un fajo de 5 millones de guaraníes. No contenta con esta cantidad, nuevamente, pero en horas de la tarde acude hasta la caja fuerte y se apodera de 10 millones de guaraníes, según la denuncia.
La denunciante señala que desde hace 11 años conoce a la involucrada, pero que lleva cuatro años trabajando para su familia.
Asegura que con todo el dinero robado montó una bodega con el nombre de Calladito, ubicada en Pedro Mendoza y Félix Godoy de Villa Conavi, Colonia Thompson, Ypané.
Además, recientemente adquirió un vehículo con su marido Wilfrido Fabián Gavilán Medina, quien estuvo presente en la vivienda de Colmán el día del robo.
“Ella es de escasos recursos, yo sé, porque la consideraba como una integrante de mi familia. Éramos amigas, nos contábamos todo, ella conocía todo el movimiento de la casa. Ahora ni en la amistad confío más”, expresó decepcionada la afectada.
Tras denunciar el caso, se allanó la vivienda en donde funciona la bodega, propiedad de la empleada infiel y su pareja, quienes fueron procesados, pero que recibieron prisión domiciliaria por disposición de la jueza Sonia Sánchez, pese al millonario robo, según el documento que exhibió la afectada.
La fiscala de la causa, Estefanía González, dijo que una grabación presentada por las víctimas “representa una prueba preconstituida y que sirve para llevar a juicio”.
Recomienda que en caso de sospechas de robo se comunique a la Policía y el Ministerio Público. Aconseja además a los empleadores a no revelar la existencia de cámaras de seguridad instaladas en la casa.