Es el resultado del conjunto de reformas realizadas en las últimas dos décadas, que permitieron consolidar una política macroeconómica sólida y responsable, cuyo impacto se ve reflejado en una inflación baja y estable, un nivel y ritmo de endeudamiento acotado y un crecimiento económico moderado con aumento sostenido del ingreso per cápita y, en consecuencia, una reducción en los índices de pobreza de niveles del 50% al 22,7% de la población entre el 2002 y el 2023. Estas reformas realizadas a través de sucesivos gobiernos se traducen hoy, por un lado, en un Banco Central independiente, con capacidades técnicas suficientes para administrar una política monetaria con metas de inflación y que a través del logro consistente de sus metas ha venido acrecentando su credibilidad, manteniendo ancladas las expectativas de inflación a mediano plazo alrededor de su meta del 4% anual; y, por otro lado, en un Ministerio de Economía y Finanzas cuyas capacidades técnicas han venido mejorando consistentemente y que desde el 2013 administra una política fiscal a través de la aplicación de una Ley de Responsabilidad Fiscal que fija topes al ritmo de endeudamiento del Gobierno central y al crecimiento de los gastos corrientes del Estado. La credibilidad de esta ley, como instrumento de una política fiscal responsable, está en proceso de consolidación, ya que los topes fijados en ella están suspendidos desde la pandemia y el plan de convergencia del actual gobierno recién empieza a ser efectiva desde el presente ejercicio y termina en el año 2026 y, hay reformas pendientes necesarias para reducir la incertidumbre a mediano plazo respecto a la evolución del déficit fiscal estructural, como la de la Caja Fiscal de Jubilaciones y la de las reglas laborales y política salarial del sector público.
En nuestros análisis previos, consideramos que las entidades calificadoras iban a esperar un mayor avance en estos aspectos de la política fiscal y de reformas antes de otorgar el grado de inversión y, por ello, fue sorpresivo. Es probable que sus mayorías en el Congreso y la determinación demostrada por el Gobierno de Santiago Peña y su equipo económico en avanzar con ciertas reformas, como la aprobación de la Ley de Superintendencia de Jubilaciones, la creación de la DNIT con buenos resultados en términos de recaudación, la creación del MEF, etc.; sumados a los buenos resultados de las finanzas públicas del primer semestre de este año, que indican una alta probabilidad de cumplimiento del plan de convergencia fiscal, hayan sido interpretados por los técnicos de la calificadora Moody´s como señales suficientes de la decisión del gobierno de retornar a la plena vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal en el año 2026 y de avanzar en las reformas fundamentales que siguen pendientes. En la medida en que Fitch Ratings y/o Standard & Poor’s tengan esta misma consideración, podrían tomar la misma decisión en su próxima revisión, y, con una de ellas, se consolidaría este grado de inversión para el país desde el punto de vista de los inversionistas.
Esta ha sido una gran noticia que merece la celebración de todos los paraguayos, y es un hito que dará un nuevo impulso para sostener un ritmo de crecimiento económico que permita seguir reduciendo la pobreza. Sin embargo, para mantener y seguir mejorando esta calificación, debemos avanzar de manera decidida en las reformas para mejorar los servicios públicos fundamentales, como una justicia independiente que garantice la seguridad jurídica, educación y salud de calidad y una logística eficiente y, obviamente, mejorando las sólidas políticas macroeconómicas que nos permitieron llegar hasta aquí.
