La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) denunció que indígenas de la comunidad Hugua Po’i, del distrito de Raúl Arsenio Oviedo, Departamento de Caaguazú, nuevamente serán víctimas de desalojo.
En la zona 350 policías con armas de grueso calibre se preparan para realizar el desalojo. Incluso, un helicóptero sobrevuela el área. La comunidad reivindica unas 1.000 hectáreas como territorio ancestral y están en disputa con la empresa sojera Tres Palmas.
Ante la cantidad de policías y la amenaza contra la integridad de los miembros de la comunidad, los indígenas se movilizaron al costado de la ruta.
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Igualmente, señalaron que la orden de desalojo fue emitida por el juez Wilfrido Ovelar Vera, quien ya no tiene competencia en la causa, y advierten que “se estará atentando contra una disposición constitucional que prohíbe la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.
En noviembre del 2021, la misma comunidad ya fue víctima de desalojo de la propiedad que ocupaba desde el año 2014.
Codehupy alerta que estos hechos son indicadores claros de una situación absolutamente incompatible con las obligaciones nacionales e internacionales del Estado en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Desde las organizaciones que integran la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna se pronunciaron ante los atropellos constantes que sufren las comunidades indígenas.
También denunciaron la persecución hacia la comunidad Hugua Po’i y exigen al Estado respetar a los pueblos originarios. Igualmente, recordaron que el país ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2010 en el caso de la comunidad Xákmok Kásek.
Por último, exigen la derogación de la polémica ley Riera-Zavala, que amplió las penas de cárcel por las invasiones.
