Me niego a aceptar que sigamos viviendo en un país donde la corrupción y el tráfico de influencias sean la norma. La podredumbre que se ha destapado en nuestras instituciones es escandalosa. Jueces, fiscales y políticos, quienes deberían proteger el Estado de derecho, usan su poder como escudo para garantizar impunidad y proteger redes criminales.
Nos están robando la confianza. ¿Cómo podemos atraer inversiones, generar empleo o proyectar al país como un destino confiable si nuestras instituciones se desmoronan desde adentro? ¿De qué sirve hablar de estabilidad económica si el sistema judicial opera al servicio del delito? ¿Cómo le pedimos a empresas extranjeras que vengan a Paraguay si ni siquiera nosotros confiamos en nuestras propias instituciones?
Los datos hablan por sí solos. Según Transparencia Internacional, Paraguay ocupa el puesto 136 de 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción (2023). En el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, elaborado por Americas Society/Council of the Americas, nuestro nivel de impunidad es crítico: 9 de 10 puntos, donde 10 representa impunidad total. En la misma línea, el Latinobarómetro 2024 señaló que apenas el 26% de la población confía en el gobierno, y solo el 28% cree en el Poder Judicial, el órgano clave para combatir la impunidad. Y lo peor: Esta crisis institucional ya está afectando a la democracia. Paraguay es el país de América Latina donde más ciudadanos estarían dispuestos a aceptar un gobierno autoritario, muy por encima del promedio regional.
El sector empresarial está en riesgo en esta situación de descalabro institucional. No sabemos hasta dónde llega este problema ni qué otras instituciones podrían estar comprometidas. Hoy se destapan algunos casos, pero mañana podrían ser más. Debemos presionar por una investigación total. Lo que está en juego no es solo la reputación nacional, sino la seguridad jurídica de cada inversión, cada negocio y cada empleo que generamos. Algunos responsables de los hechos han renunciado o fueron removidos. Pero sabemos que esto es insuficiente. El problema sigue siendo un sistema que permite que cualquiera, sin preparación ni integridad, ocupe posiciones de liderazgo y tome decisiones que afectan a todos. Ya no hay lugar para soluciones cosméticas.
Desde el Club de Ejecutivos, exigimos una solución estructural. Necesitamos una reforma profunda que garantice que la institucionalidad deje de ser un botín político. Las tres principales agencias de calificación crediticia a nivel mundial, Moody’s, Standard & Poor’s (S&P) y Fitch Ratings, han señalado reiteradamente que fortalecer nuestras instituciones y combatir la corrupción son condiciones fundamentales para mejorar nuestra calificación. Con Moody’s ya hemos alcanzado el grado de inversión y esperamos conseguirlo con las otras dos. Sin embargo, nada está garantizado: Si los escándalos continúan evidenciando que la corrupción está arraigada en nuestras instituciones y no se puede garantizar seguridad jurídica, corremos el riesgo no solo de estancarnos, sino de sufrir, por primera vez, una degradación en nuestra calificación crediticia.
Hacemos un llamado a los líderes de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Judicial y Legislativo– a trabajar juntos en una solución real. Instamos a convocar a expertos, abrir el proceso a la ciudadanía y actuar con urgencia. Sin instituciones fuertes, no hay inversión. Sin seguridad jurídica, no hay desarrollo. Y sin confianza, no hay futuro.
