En este contexto, Greenpeace proyectó esta madrugada enormes imágenes digitales en uno de los costados de la planta a carbón Campiche, de la estadounidense AES Gener, en la zona costera de Quintero-Puchuncaví, para alertar del daño ambiental y a la salud que por años enfrentaron los habitantes de las llamadas zonas de sacrificio.
“La situación es dramática: hay metales pesados en la tierra, plomo en la sangre de los vecinos, derrames de carbón, intoxicaciones masivas, pérdida de biodiversidad y destrucción de recursos marinos”, alertó el director nacional de Greenpeace en Chile, Matías Asun.
Recordó que la situación es tan grave en la zona, calificada por esa organización como el Chernóbil chileno, que la Corte Suprema ya advirtió que si vuelven a generar intoxicaciones masivas se deberá generar una evacuación general de la zona.
En un comunicado entregado a los periodistas, la organización destacó el papel “cómplice” que ha tenido el Estado con AES Gener, responsable de las cuatro termoeléctricas que están en Quintero-Puchuncaví, unos 130 kilómetros al noroeste de Santiago, y exigió al Gobierno el cierre inmediato de estas instalaciones.
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Asun resaltó que mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala un máximo de 500 unidades de dióxido de azufre por metro cúbico en un lapso de 10 minutos, la última alerta del gobierno consignó este lunes que hubo 1.411 unidades por metro cúbico durante 60 minutos.
De acuerdo con Greenpeace, el plan para el cierre de las plantas termoeléctricas en el país suramericano anunciado por el presidente Sebastián Piñera está lejos de tener “un carácter ambicioso”.
“En la práctica, lo que hace es alargar la vida de las termoeléctricas hasta el 2050. Es decir, condena a miles de chilenos a seguir siendo envenenados por 30 años más”, añadió el comunicado.
Según Asun, si fuera un plan realmente ambicioso “el cierre de las termoeléctricas debiera producirse el 2030 y así aprovechar el enorme potencial de energías renovables que posee Chile”.
Desde hace cinco décadas, las localidades de Quintero y Puchuncaví, situadas en la región de Valparaíso, fueron escenario de intoxicaciones masivas cuando comenzó la instalación de plantas industriales en la zona, varias de ellas con uso o producción de químicos.
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A este panorama medioambiental que afecta a la nación, el pasado fin de semana se sumó el derrame de 40.000 litros de petróleo diésel cerca de la Isla Guarello, en la austral región de Magallanes, provocado por un error de la privada Compañía de Aceros del Pacífico.
Según las autoridades marítimas, el derrame ocurrió en una terminal de la empresa en esa isla, situada unos 250 kilómetros al noroeste de Puerto Natales y a unos 2.200 de Santiago, mientras se realizaba una transferencia de combustible en tierra, junto a la costa, que tras el vertimiento se escurrió hacia el mar.
En esta misma línea, se sumó el derrame de petróleo en la planta de Essal, en la región sureña de Los Lagos, que tuvo una semana a la ciudad de Osorno y a unos 200.000 personas sin suministro de agua.
El corte se debió a que el pasado 12 de julio, más de 1.100 litros de petróleo fueron vertidos en el agua, afectando los sistemas de producción y dejando a la ciudad por seis jornadas consecutivas sin el servicio.
Los ambientalistas recordaron que anualmente unas siete millones de personas mueren por causa directa de la contaminación ambiental, según las cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
