En un comunicado conjunto de la UIP, la UGP, Feprinco, Fecoprod, entre otros, refieren que el trabajo conjunto despertó una investigación sobre un grupo de supuestos voceros de camioneros que, prevalecidos de su condición, buscarían sacar rédito personal e ilegítimo, en medio de la crisis causada por el aumento del precio de los combustibles.
Agrega que esto demostró “lo que temíamos y que los extorsionadores deshonran la labor de los verdaderos líderes gremiales, elegidos para defender los intereses de sus sectores y no para obtener ganancias ilícitas en provecho propio”. Enfatiza que esta situación pone luz sobre los hechos que no pueden reclamarse como legítimos, violando el derecho de los demás, como lo vienen haciendo en los últimos tiempos algunos voceros que, invocando la representatividad de su sector, obtienen ventajas y beneficios personales válidos del chantaje y de la debilidad de algunas instituciones, manipulando a quienes creen en ellos para violar la Constitución y las leyes. Refieren que el derecho a la manifestación es constitucional, pero no el de ejercer la violencia. Abogan por el fortalecimiento real de nuestras instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes y que su buen desempeño será el timón de la construcción de un nuevo Paraguay.