La propuesta causa preocupación en diferentes sectores, los cuales sobre todo entienden que el contexto actual que se vive por la pandemia no es el ideal para avanzar con la iniciativa.
Miguel Aranda, asesor jurídico de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), explicó en una entrevista concedida a Última Hora que el gremio sigue analizando el tema, considerando que el documento es complejo, pero que a priori ya tienen preocupaciones sobre ciertos aspectos.
Hizo hincapié en el artículo 9 del proyecto, que habla del deber del deudor comerciante de pedir la convocación de acreedores o quiebra. Según el escrito, el deudor en insolvencia (que cuenta con uno o más incumplimientos o hechos que impidan cumplir regularmente con las deudas a su vencimiento) tiene hasta 90 días para presentarse a un juzgado competente.
El plazo corre desde la fecha del segundo incumplimiento de obligaciones que pudiera derivar en la impotencia patrimonial para cumplir con los requerimientos. A partir de la presentación ante el juez surgen tres opciones para el deudor: pedir la convocatoria de acreedores, su quiebra o solicitar homologar un acuerdo extrajudicial, que es una nueva figura que se crea.
Para Aranda, el proyecto sobre insolvencia “no deja de ser interesante” desde el punto de vista de la necesidad de actualizar la Ley de Quiebras, pero expresó preocupación a que la normativa, en caso de aprobarse, pueda tener un efecto perjudicial.
CLARIDAD. En una línea similar se expresó César Armele, quien forma parte de la Cámara de Comercio y Servicios. Armele cuestionó que el artículo 9 no discrimina entre la figura de la insolvencia de caja o flujo (cuando la empresa o persona no tiene los recursos financieros oportunos para hacer frente a sus obligaciones) o la insolvencia de balance (cuando el pasivo es mayor que el activo).
Asimismo, consideró que en una convocatoria de acreedores, el Estado también debe resignar el cobro del impuesto a la renta comercial, industrial o de servicios (Iracis) en un porcentaje. “No puede ser que los acreedores resignen y que el Estado siga cobrando el 10% de lracis a la empresa, debe haber un aporte en consonancia con lo que hacen los acreedores para que el deudor se revitalice”, manifestó Armele.
DEFENSA. En declaraciones a NPY y Monumental 1080 AM, Silvia Patiño, directora de Seguridad Jurídica del Ministerio de Justicia, defendió la iniciativa y dijo que incluye cambios positivos. Indicó –entre otros aspectos– que la intención no es otra que realizar el “salvataje” de empresas con problemas y evitar la quiebra, sobre todo en el contexto actual.
Opinión
“Reorganizarse para enfrentar deudas”
Bruno Defelippe, titular de la Asociación de Emprendedores (Asepy), evaluó de forma favorable la iniciativa, sosteniendo que esta facilita que las empresas con dificultades financieras tengan la oportunidad de reorganizarse para hacer frente las deudas. “Esto permite proteger empleos, no obliga a empresas a cerrar y protege el valor, ya que una empresa en problemas financieros pero funcionando es mucho mejor que una en quiebra y cerrada”, dijo.
