Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), advirtió que esta calificación no se ajusta a la realidad del país, ya que el 94,5% de la superficie total de la soja proviene de áreas no deforestadas, por lo que representantes de Capeco, la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) y la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) realizarán una misión a Europa a principio de abril en defensa del país.
“No tenemos una comunicación oficial, pero tenemos información oficiosa de que la UE comenzó a través de una consultora un relevamiento para hacer la calificación de los países. También nos enteramos que hay un plan piloto que involucraría a Paraguay y Brasil. Queremos mostrar lo que Paraguay está haciendo en sostenibilidad, queremos llevar esta postura y las reivindicaciones que tenemos, por ejemplo, lo de la segregación física del grano que nos parece incumplible”, apuntó.
El Reglamento 1115, que regiría desde 2026, clasifica a los países en cuatro categorías de riesgo: sin riesgo, riesgo bajo, estándar y alto. Si Paraguay es considerado de alto riesgo, los controles y exigencias serán aún más estrictos y sería casi imposible exportar a la UE, acotó Pastore.