La Unión de Gremios de la Producción, Asociación Rural del Paraguay, Federación de la Producción, de Industria y el Comercio, Federación de Cooperativas de Producción, Unión Industrial Paraguaya, Cámara de Farmacias del Paraguay, Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, Centro de Importadores del Paraguay y la Asociación de Empresarios Cristianos son algunos de los firmantes del documento que argumenta una amenaza a la soberanía nacional con eventuales denuncias contra el ambiente que no se basan en fundamentos científicos como lo dictan las normas de la Organización Mundial del Comercio.
“Este acuerdo podría interferir con trabas paraarancelarias, obstáculos no técnicos al comercio, al intercambio comercial y la incorporación de tecnologías necesarias para el desarrollo sostenible del Paraguay, conforme con las legislaciones vigentes”, advierte el comunicado.
Este pronunciamiento se da en apoyo al ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Santiago Bertoni, quien envió en setiembre una nota a la Cancillería Nacional, recomendando que no se ratifique el acuerdo firmado en el 2018.
El secretario de Estado insiste en que el acuerdo amenaza la adopción de tecnología, al desarrollo del país y al comercio de productos, ya que considera que se necesitan reglas claras y transparentes en la producción.
También coincide con los debates sobre el ambiente, en medio de una sequía y numerosos incendios que en parte son atribuidos al sector de la agroganadería extensiva, que a su vez rechaza tales acusaciones.
Polémico tratado internacional
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, tiene como objetivo establecer la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación para la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medioambiente sano y al desarrollo sostenible.
El sector productivo cuestiona el principio precautorio del tratado, que permite la adopción de medidas de protección, ante sospechas, sin la necesidad de presentar inmediatamente las pruebas científicas.
Paraguay firmó el acuerdo en el 2018 y envió al Senado para su ratificación, pero la Cancillería lo retiró en diciembre del año pasado tras las críticas de algunos sectores, especialmente de la Iglesia.
Ahora, en medio de una crisis ambiental, el Frente Guasu pide el documento para tratarlo en el Congreso.
