Son 30 los gremios que se sumaron a la manifestación pacífica en repudio al delito que no solo atenta contra el empleo de 20.000 personas, sino que también significa una amenaza a la integridad física, hecho comprobado con el asesinato de Celsa Chávez la semana pasada luego de denunciar cómo funciona el esquema de contrabando de combustible en la ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú.
“Ante el avance desmedido del contrabando y sus criminales consecuencias en las últimas semanas en el país, productores e industriales anuncian una gran movilización como medida de repudio a estos flagelos que atentan directamente contra el desarrollo del país y la tranquilidad de sus habitantes”, refiere la convocatoria del frente creado hace dos semanas desde el sector privado para encaminar acciones que contribuyan a llevar a los responsables ante la Justicia.
La movilización de hoy tiene como objetivo entregar cuatro petitorios a entes estatales que pueden intervenir desde sus áreas de competencia.
La primera exigencia se dirige a la Dirección Nacional de Aduanas, que a través de sus diferentes puestos de control debe identificar el ingreso ilegal de mercaderías. Luego entregarán una petición a la Fiscalía, de donde esperan por una investigación confiable. En tanto que también se enfocarán en el Jurando de Enjuiciamiento de Magistrados, para encarar a los jueces y fiscales con gestiones cuestionables, y, por último, se reunirán en el Congreso Nacional con los senadores José Ledesma y Juan Afara.
TRAYECTO. Los gremios se congregarán en la zona de la rotonda de la costanera, desde donde circularán hasta 15 de Agosto, y de ahí hasta Presidente Franco. La caravana, a la que se suman 50 camiones del interior del país, continuará luego por Colón y girará en Ygatimí con dirección al Ministerio Público y después retornará por Chile, Azara, 14 de Mayo y Paraguayo Independiente, donde tomarán la intersección Ypané para volver a la Costanera.
Este grupo imita las acciones que realizaron los cañicultores hace un mes en Guairá y Caaguazú, donde los productores se vieron afectados por la inundación de azúcar ilegal en el mercado nacional. Por su parte, el Gobierno ratifica buenos resultados en un año y ocho meses de gestión con la incautación de productos por USD 29,3 millones.