Los guardiacárceles de las penitenciarías regionales de Itapúa, Amambay, Concepción, Guairá y Misiones se plegaron a la movilización anunciada por los funcionarios de la cárcel de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú.
Ellos se mostraron en contra de la presencia de militares o policías en los establecimientos penitenciarios, según informaron los distintos corresponsales de Última Hora.
En el caso de Concepción, hay una preocupación por la falta de recursos humanos para garantizar la seguridad, teniendo en cuenta que el penal tiene superpoblación y pocos guardias. Además, necesitan 30 guardias por turno y solo hay 15 para 960 internos.
Mientras que los funcionarios de Encarnación piden que se eleve de 20 a 35 por turno.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEn Villarrica, Calixto Ramírez, uno de los funcionarios del penal, dijo a Última Hora que exigen equiparación salarial para todos los trabajadores por igual y que haya garantías laborales como el seguro médico, antigüedad, jubilación, entre otros.
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El Poder Ejecutivo planteó al Congreso incluir a los miembros de las Fuerzas Armadas a través de un proyecto de ley que declara en emergencia a los centros de reclusión a nivel nacional. La iniciativa será analizada este martes en la Cámara de Diputados.
Otros funcionarios no se plegaron a la medida debido a que, actualmente, están en tratativas para presentar un proyecto de ley con el que buscarán obtener beneficios para los guardiacárceles.
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Se pretende que puedan portar armas, la jubilación de 30 años y un salario digno acorde con la peligrosidad a la que se exponen. El mismo pedido fue incluido por los que se movilizaron en distintos puntos del interior.
Actualmente, 100 reclusos están a cargo de un guardiacárcel en las penitenciarías de Paraguay. Lo recomendable es que sean 10 por cada 100 internos.
La propuesta del Gobierno de Mario Abdo Benítez se dio luego de la muerte de 10 reclusos en el penal de San Pedro por un motín que hubo en el lugar. Igualmente, se registraron episodios de violencia en Amambay, Misiones y Guairá, así como también en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
En setiembre del 2018, el Ejecutivo había declarado en emergencia la infraestructura de las penitenciarías.
