Numerosas mujeres se encuentran cada día con la experiencia desagradable de ser violentadas verbal o físicamente por acosadores a la hora de acudir a una plaza o un parque para esparcimiento o deporte, abordar un colectivo o solo transitar por alguna calle, sin tener la más mínima posibilidad de defenderse de su agresor.
Si bien está vigente en Asunción la Ordenanza 130/17 que protege los derechos de personas que son acosadas sexualmente en la vía pública, en sitios públicos o privados de uso público, la que tuvo sanción ficta al no ser promulgada a tiempo por el Ejecutivo Municipal de la época, la misma es letra muerta, ya que no existen condiciones para cumplirla efectivamente.
Ante esta situación, las concejalas Rosanna Rolón, presidenta de la Red de Mujeres Munícipes del Paraguay, y Sandra Benítez Albavi, presidenta de la Comisión de Asuntos de Género de la Junta Municipal, están enmarcadas en fortalecer esta norma, de manera a que los depredadores sexuales puedan ser identificados y reciban el castigo correspondiente por su irregular comportamiento.
El Ministerio de la Mujer describe como acoso callejero a una gran gama de prácticas como silbidos, comentarios sexualmente explícitos o implícitos, masturbación pública, tocamientos, entre otros.
ACCIONES. Las ediles resaltaron que para lograr este objetivo se apunta a la firma de convenios o alianzas con el Ministerio del Interior, la Policía, empresarios del transporte, dirigentes de comisiones vecinales, entre otros, para atacar con todas las armas a quienes violentan o atacan a mujeres que cada día salen de sus casas para trabajar, estudiar o cumplir otros compromisos.
Las mismas sostienen que es de fundamental importancia recurrir a la tecnología, lo que significa instalar cámaras en espacios públicos o dentro de las unidades de transporte público, ya que las filmaciones servirán de prueba para identificar a quienes humillan o agreden a las mujeres.
“Muchos de estos hechos ocurren dentro de los colectivos. Hoy se tienen buses modernizados que cuentan con cámaras. También hay organizaciones barriales que tienen estos elementos en parte de los 68 barrios de Asunción. Todo eso queremos potenciar y de ser posible instalar nuevos en más plazas, parques y sitios públicos”, indicó Rolón.
Explicaron que las víctimas de acoso sexual deben acercarse a la Dirección de Políticas de Género de la Comuna capitalina, en el Quinto Piso del Bloque C para realizar su denuncia, que pasa a instancias del juzgado de faltas para aplicar las multas. Por agresión verbal asciende a G. 1.686.800 (20 jornales mínimos) y por toque indebido, roce corporal y exhibicionismo G. 2.530.200 (30 jornales) y puede ser el doble, en caso de reincidencia.
“El acosador y el violador nunca se fueron, solo cambiaron su forma de atacar. Eso debemos combatir”. Rosanna Rolón, concejala.
“Debemos acabar con el mito de que la mujer tiene nomás luego que ser piropeada y acosada. Eliminar toda violencia”. Sandra Benítez Albavi, concejala.
“Viví un acoso y es horrible. Eso te humilla. Se debe denunciar. Se precisa una norma que castigue al agresor”. Stella Marys Benítez, afectada.
Trabajan por ejecución efectiva de ordenanza y aplicación de multas
Las sanciones económicas que sean aplicadas y cobradas por la institución municipal se destinarán en su totalidad a la Dirección de Políticas de Género de la Comuna asuncena para mantener una política de fortalecimiento de programas y campañas para prevenir este flagelo que azota a nuestra sociedad.
Las concejalas Rosanna Rolón y Sandra Benítez Albavi resaltaron que también analizarán la viabilidad de crear en el organigrama comunal una unidad que se encargue específicamente de atender este tipo de ataques o agresiones hacia el sector femenino, tener un juzgado especial o que sean los jueces de cualquiera de los turnos quienes se encarguen de impartir justicia en el ámbito municipal.
Benítez Albavi adelantó que la próxima semana estarán realizando una reunión con los distintos sectores involucrados, de manera a ir ajustando detalles con vistas a la aplicación efectiva de esta normativa y el apoyo total para alcanzar los objetivos trazados.
Mencionó que mantendrá contactos con legisladores para analizar la posibilidad de convertir en ley nacional esta ordenanza.
Rolón apuntó: “queremos que esta ordenanza y su aplicación tengan un impacto social significativo, no solo por las penas o las multas que se puedan aplicar, sino para que el depredador sexual, para que el acosador, piense muy bien o se cuide antes de cometer su ataque, a sabiendas de que será identificado y sancionado por ello”.
Las ediles puntualizaron que “con esta ordenanza se busca además que en las unidades de transporte, el conductor no sea aliado del depredador sino que se convierta en agente de seguridad que ayude a la víctima”.