“El BNF de Choré se salvó de una gavilla de topos”, rezaba el título de una noticia publicada en la página 86 del diario Última Hora, en su edición del martes 16 de diciembre de 1997, enviada por el entonces corresponsal en San Pedro, Cristino Peralta, desde la ciudad de Choré, a 230 kilómetros al norte de Asunción.
La información pasaba casi desapercibida entre las muchas noticias y narraba que agentes de la Policía habían logrado “desarticular una banda de asaltantes, que tenían por objetivo robar dentro de la sucursal del Banco Nacional de Fomento de Choré”.
Habían alquilado una vivienda frente al local del banco, por un millón de guaraníes. “Dentro de una de las habitaciones, comenzaron a cavar un túnel que ya estaba llegando a la muralla que rodea al edificio bancario”, decía el reporte periodístico.
Detuvieron a una mujer, Carmen María Villalba Ayala, de 26 años, y a Alcides Omar Oviedo Brítez, Gustavo Lezcano, Lucio Silva y Pedro Maciel Cardozo. Antes habían capturado en las afueras del pueblo a Gilberto Chamil Setrini, cuando transportaba en auto las bolsas con tierra extraída del pozo.
“En la vivienda se encontró todo un arsenal. Se cuentan dos pistolas 9 milímetros, con 24 cartuchos; una escopeta Winchester calibre 12, con 50 cartuchos, además de pelucas, extractores de aire y luz a batería”, agregaba, con el dato de que ese fin de semana el Banco iba a recibir 700 millones de guaraníes para pagar sueldo a jubilados, excombatientes y maestros.
Luego se pudo precisar que el túnel cavado ya tenía 60 metros de largo, 1,75 de diámetro, con caños conectados a un extractor de aire y reflectores. “Una verdadera obra de ingeniería, algo que hasta ahora no habíamos visto”, lo definió el comisario de Choré, Álvaro Ramírez.
Ni el corresponsal, ni los policías, sabían entonces que los detenidos no eran parte de una banda de asaltantes comunes, sino de una pretendida organización guerrillera clandestina que comenzó a formarse cinco años antes, en una reunión secreta en Asunción, y que con aquel frustrado primer golpe buscaban recaudar fondos “para financiar la lucha armada”.
Menos podían imaginar que de aquel grupo inicial surgiría la banda armada más esquiva y mortífera, que a partir de 2008 se haría llamar Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), manteniendo en jaque a las fuerzas de seguridad durante al menos cuatro gobiernos sucesivos, hasta la actualidad, en medio de una cíclica discusión mediática acerca de su verdadera identidad, sus fines y objetivos, mientras iban dejando a su paso un largo reguero de sangre y pólvora.
ORÍGENES. “El EPP es un desprendimiento de Patria Libre. Nos iniciamos allí y formamos el brazo armado. Siempre fuimos de Patria Libre, por más que fuimos negados públicamente por los dirigentes del partido”, admitió una de las fundadoras y principal dirigente del grupo armado, Carmen Villalba, en una entrevista que concedió a Mina Feliciángeli, directora de Radio 1000, en enero de 2012.
Fue la primera (y hasta ahora única) vez en que Villalba ?presa en el Penal de Mujeres del Buen Pastor, condenada a 18 años de prisión por el secuestro de María Edith de Debernardi, ocurrido en 2001- aceptó dar detalles sobre los orígenes del grupo armado. Para lograr la entrevista, Feliciángeli tuvo que librar una larga batalla judicial, hasta obtener la autorización de un juez.
La versión brindada por Carmen coincide con testimonios que ÚLTIMA HORA recogió de otros fundadores, entre ellos Pedro Maciel Cardozo, quien participó del intento de robo al Banco de Choré y, tras salir de la cárcel, se separó del grupo.
Maciel, junto con Alcides Oviedo y Gilberto Setrini, habían ingresado al Seminario de la Congregación del Verbo Divino, siendo aún adolescentes, provenientes de familias campesinas, a mediados de los años 80. “En Encarnación los tres formábamos un grupo muy inquieto. Nos íbamos a predicar la Biblia, pero veíamos la gran pobreza que había, y eso nos conmovía”, relató Maciel.
En 1990, los tres (Oviedo, Setrini y Maciel) fueron trasladados al Seminario Mayor de Asunción, para cursar teología y prepararse en la etapa final para ser sacerdotes, pero en 1992 fueron expulsados junto con otros compañeros, por participar de actividades políticas.
“Hablaban de reivindicar los valores del marxismo. Ya no estaban en una actitud de fe. Se politizaron a través del contacto con Juan Arrom y otros compañeros de este, que militaban en la izquierda y frecuentaban el seminario”, dijo el entonces obispo auxiliar de Asunción, monseñor Jorge Livieres Banks.
Juan Arrom era un conocido joven dirigente universitario, con una trayectoria de lucha contra la dictadura de Stroesner, que liderada la Corriente Patria Libre, movimiento político de izquierda que luego se convertiría en partido.
Alcides Oviedo conoció a Arrom en el seminario y se sumó a las reuniones políticas, donde también conoció a quien sería su compañera y luego su esposa: la concepcionera Carmen Villalba.
Carmen provenía de una familia numerosa, vinculada al ala progresista de la Iglesia Católica en la Diócesis de Concepción, con el obispo Aníbal Maricevich, donde ella empezó a activar a los 16 años de edad. “Mi paso por la Iglesia Católica no me marcó tanto, como sí la formación en el materialismo científico, ya en Asunción, a donde vine a estudiar y a trabajar”, relató Carmen.
En aquellas reuniones se estableció que Patria Libre sería un partido revolucionario con existencia legal y participación plena en el sistema electoral, pero con un brazo armado clandestino. “Patria libre siempre se propuso la conformación de una guerrilla”, sostiene Carmen.
La Fiscalía tiene registros de que Alcides Oviedo y Carmen Villalba realizaron viajes de incógnito a Chile, en 1995 y 1996, presuntamente para tomar contacto con combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con quienes habrían realizado su primer entrenamiento en técnicas de guerrilla urbana y rural, incluyendo secuestros de personas, construcción de escondites, ataques a puestos policiales, manejo de armas y explosivos.
Para recaudar fondos, se planificó el robo a la sucursal del Banco Nacional de Fomento, en Choré, en 1997, pero el operativo fue descubierto por la policía y seis de los miembros terminaron presos durante dos años, entre ellos Alcides Oviedo y Carmen Villalba, los principales líderes.
SECUESTROS. Tras salir de la cárcel, los miembros del grupo llevaron a cabo su primer golpe exitoso: el secuestro de María Edith Bordón, esposa del ingeniero Antonio Debernardi, hijo de uno de los hombres más acaudalados y poderosos durante la dictadura stronista y el posterior periodo de transición.
Maria Edith fue secuestrada el 16 de noviembre de 2001, en el Parque Ñu Guasu, de Asunción, a donde había ido con una amiga a practicar aerobismo. Fue mantenida en cautiverio en el sótano de una vivienda, en el barrio Palomar, y liberada el 19 de enero de 2002, tras el pago de rescate de un millón de dólares, según la versión oficial.
Fue considerado el inicio de la llamada “industria del secuestro” en Paraguay, ya que le seguirían varios otros. El de María Edith pasó a transformarse de caso policial en escándalo político, cuando la Policía y la Fiscalía revelaron que entre sus presuntos autores estaban los conocidos líderes del Partido Patria Libre, Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes fueron reportados como desaparecidos cuando se decretó su captura el 19 de enero de 2012.
La situación se volvió más compleja cuando Arrom y Martí fueron hallados 14 días después, el 30 de enero, cautivos en una vivienda de Villa Elisa, retenidos ilegalmente y sometidos a tortura por agentes policiales. Tras este episodio, ambos salieron del país, a pesar de estar procesados, y lograron ser admitidos como refugiados políticos en el Brasil, donde permanecen hasta la fecha.
El 28 de julio de 2003, cuando encabezaban un operativo policial para verificar una denuncia sobre “movimientos sospechosos” en una granja rural, en Sanguina Cué, en San Pedro, los fiscales Antonio Bernal Casco y Arnaldo Giuzzio fueron repelidos a tiros por los moradores. Tras un enfrentamiento, abatieron a uno de los que estaban en la casa, Germán Aguayo, mientras los demás lograron escapar. Una mujer prefirió entregarse: era Carmen Villalba, quien decidió no huir porque se hallaba con sus dos hijos pequeños. En el lugar se halló un arsenal de guerra, con una lista de personas de la alta sociedad paraguaya, sobre quienes se realizaban tareas de vigilancia con presuntos objetivos de secuestro.
Carmen Villalba se fugó de la Cárcel del Buen Pastor en la noche del 24 de junio de 2004, presuntamente por un boquete en el techo. Fue capturada nuevamente un mes después, tras una persecución policial a balazos en la zona de Capilla del Monte, San Lorenzo, a bordo de un auto en donde también estaba su marido, Alcides Oviedo, quien resultó con heridas. Ambos fueron luego enjuiciados y condenados por el secuestro de María Edith.
Al atardecer del 21 de setiembre de 2004, otra noticia conmovió a la opinión pública, cuando Cecilia Cubas, hija del ex presidente de la República, Raúl Cubas Grau, fue secuestrada al llegar a su residencia, en el barrio Laguna Grande, de Fernando de la Mora. Sus familiares realizaron un primer y único pago de rescate, de 300 mil dólares, pero la mujer no fue liberada. El 16 de febrero de 2005, Cecilia fue hallada muerta, enterrada en un sótano tapiado, en una vivienda del barrio Mbocayaty, de Ñemby. Por este caso fueron capturados y enjuiciados varios altos dirigentes de Patria Libre, como el entonces secretario general, Osmar Martínez, aunque varios de los acusados continuaron prófugos.
ENTRENAMIENTO. A fines de 2004, un grupo de aproximadamente 20 personas, incluyendo hombres y mujeres, recibió entrenamiento guerrillero en los montes de Sidepar 3000, Canindeyú, según el testimonio de Rubén Dario Bernal, un joven campesino que asegura haber sido reclutado en esa fecha por el grupo armado, y que en abril de 2006 desertó y se entregó a las autoridades.
Bernal asegura que la columna armada, con uniforme militar tipo camuflaje (para’i) y armamento de combate moderno (fusiles de asalto AK47, FAL, M16, AR15, pistolas ametralladoras Uzi, pistolas 9 milímetros y lanzagranadas), se adiestró con el asesoramiento de dos guerrilleros colombianos, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La Fiscalía cree que los miembros de las FARC eran Osley Jurado Palomino y Rodrigo Granda, quienes ingresaron al país en forma clandestina.
El exmiembro también identificado como a los principales líderes del grupo a Osvaldo Villalba (que entonces se hacía llamar comandante Alexander) y Manuel Cristaldo Mieres (comandante Santiago), así como a otros integrantes en ese momento: Leti (Magna Meza), Junior o Simón (Gabriel Zárate Cardozo), Julia (Liliana Villalba, luego Anahí), Aníbal (Nimio Cardozo), Presi (Alcides Mereles), Mario (Isax Burgos), entre otros.
Tras concluir su entrenamiento, el grupo armado se puso en marcha hacia el norte. El 26 de agosto de 2005 tuvo un enfrentamiento con policías del puesto policial de Nueva Durango, Canindeyú, ocasión en que asesinaron al suboficial Andrés Ceferino Brítez, el primero de unos 11 uniformados cuyos asesinatos se atribuye al EPP.
La marcha de la columna llegó hasta la frontera con Brasil, en la zona de José Félix López (Puentesiño), al norte de Concepción, donde se ocultó dentro del Parque Nacional Paso Bravo. Una camioneta que les llevaba víveres y explosivos fue capturada por la Policía, el día 6 de febrero de 2006 y los seis tripulantes detenidos: Liliana Villalba, Rosa Villalba, Alejandro Ramos, Pablo Cristaldo Mieres, Sebastián Zárate Cardozo e Isidoro Bazán, quienes meses después fueron liberados “por falta de pruebas”.
Al día siguiente, 7 de febrero de 2006, dos de los miembros del grupo salieron de su escondite y dieron muerto al suboficial Oscar Antonio Noceda, en un camino rural en las afueras de Puentesiño.
INICIO DE LA ACCIÓN. Tras estos episodios, el grupo armado se desplazó hacia el centro del departamento de Concepción. El 18 de abril de 2006, sus miembros atacaron e incendiaron la comisaría policial de Huguá Ñandú. Dejaron vivos a los dos agentes policiales, con una advertencia del líder de los atacantes, Osvaldo Villalba, dirigida al entonces presidente Nicanor Duarte Frutos: "¡Decile a tu Nicanor que apenas estamos empezando!”.
Tras más de un año de silencio, el 12 de marzo de 2008 atacaron la estancia Santa Herminia, en Kurusu de Hierro, Concepción, donde incendiaron tractores, camiones y maquinarias, y dejaron un primer panfleto con su nuevo nombre oficial, un escudo de armas, la figura del Mariscal López y la siguiente leyenda: “Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Comando Germán Aguayo. Tierra a los campesinos paraguayos. Quienes matan al pueblo con agrotóxicos pagarán de esta manera”.
En su libro “Programa Político del Ejército el Pueblo Paraguayo”, escrito desde la prisión, el principal ideólogo Alcides Oviedo -a quienes los miembros del grupo denominan como su “comandante en jefe"-, sostiene que el EPP se fundó oficialmente con ese nombre el 1º de marzo de 2008, día de aniversario de la muerte del Mariscal Francisco Solano López, a quien consideran su principal héroe militar inspirador.
Desde entonces, el grupo armado protagonizó otros dos sonados secuestros (Luis Alberto Lindstron, ganadero y exintendente de Tacuatí, capturado el 31 de julio de 2008; liberado el 12 de setiembre de 2008, tras el pago de 130 mil dólares; y Fidel Zavala, ganadero, secuestrado en la estancia Mabel, en Paso Barreto, el 16 de octubre de 2009; liberado el 17 de enero de 2010, tras el pago de 550 mil dólares). Además, se los acusa de haber asesinado a unas 28 personas (17 civiles y 11 policías), y de haber realizado más de una veintena de ataques y quemar a propiedades de puestos policiales y militares, estancias y establecimientos rurales.
FORMAS DE CONTROL. En los seis años desde su presentación con el nombre EPP, el grupo armado mantuvo su foco de acciones en un triángulo geográfico de no más de 300 kilómetros de extensión, que cubre parte del Norte del Departamento de San Pedro y el Sur de Concepción, centrando sus ataques principalmente en las localidades de Tacuatí, Paso Itá, Tacuatí Poty, Kurusu de Hierro, Fortuna, Arroyito, Paso Tuyá, Azotey, Horqueta, Paso Barreto y Huguá Ñandú.
Varios testimonios indican que el grupo ejerce el control de su territorio a través de la adhesión de algunos dirigentes de organizaciones campesinas y sociales de la región, grupos de pobladores organizados en asentamientos y en varios casos a través del temor a represalias violentas para quienes den informaciones a las autoridades sobre sus movimientos en la región. Son varios los casos de presuntos delatores ajusticiados en forma violenta.
Uno de los hechos considerados más crueles, protagonizados por miembros del EPP, fue el ajusticiamiento de Eusebia Maíz, moradora de Azotey, tía de Bernardo “Coco” y Antonio Ramón Bernal Maíz, dos integrantes del grupo. El 4 de setiembre de 2012, hombres armados -entre quienes se encontraban presuntamente sus propios sobrinos- dispararon y dieron muerte a la mujer, en su propia casa y en cercanía de sus hijos, y luego le volaron la cabeza con explosivos, presuntamente en castigo por haber dado informes a las autoridades.
En su zona de influencia, el grupo también ha dictado algunas “leyes revolucionarias”, que principalmente prohíben las tareas de desmonte y el uso de productos químicos o agrotóxicos en los cultivos extensivos, con la amenaza de que los infractores serán castigados con la “pena máxima” (asesinato). Ya son varios los trabajadores de estancias, principalmente operadores de tractores, que han sido ajusticiados por desobedecer dichas “leyes”.
Otra fuerte forma de presión es ejercida, obligando a los estancieros y grandes productores de la región a contribuir con el pago de un “impuesto revolucionario”, establecido en entregas periódicas de sumas de dinero, como de víveres y alimentos, permitiendo la faena de sus animales y el decomiso de sus productos. Esta situación, conocida desde hace tiempo como un “secreto a voces”, pero nunca antes admitida por quienes son obligados a pagarlo, fue finalmente reconocida públicamente por familiares del ganadero y político colorado Luis Alberto Lindstron, luego de que el mismo fue asesinado durante una emboscada en las afueras de Tacuatí, el 31de mayo de 2013. Lindstron ya había sido secuestrado por el grupo en 2008 y, según sus familiares, seguía pagándoles un “impuesto revolucionario”, pero desobedeció las “leyes revolucionarias” que le exigían no realizar desmontes.
Finalmente, el caso considerado como la mayor masacre cometida por el EPP, fue el ocurrido en la noche del sábado 17 de agosto último, en la estancia Lagunita de Cororó, San Pedro, donde fueron ajusticiados cuatro guardias privados de seguridad y un agente de policía, y se realizaron ataques armados contra camionetas patrulleras policiales, circunstancias en que resultaron heridos otros 4 policías.
¿IDEOLOGÍA? Desde que se conocieron los primeros golpes cometidos por el grupo armado, desde las altas esferas de los sucesivos Gobiernos no hubo una postura clara acerca de cómo caracterizar y enfrentar al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
En la primera caracterización hecha en 2002, tras el secuestro de María Edith de Debernardi, el entonces jefe de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, comisario Roberto González Cuquejo, aseguró que el plagio de la mujer “se trató de un desenlace exitoso de un plan de un grupo de izquierda, con intenciones de promover la desestabilización del Gobierno”.
Desde entonces, voceros de la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Policía han ensayado diversos rótulos, desde llamarlos “secuestradores”, “delincuentes comunes”, “criminales”, hasta que en los últimos años han comenzado a llamarlos también “terroristas”, pero no encontraban la misma denominación en los referentes del Poder Ejecutivo y en la clase política. Durante el Gobierno de Fernando Lugo, el entonces ministro del Interior, Carlos Filizzola, llegó a caracterizarlos como “guerrilleros” y en igual denominación coincidió luego el presidente Federico Franco, aunque posteriormente buscaron explicar que no les estaban otorgando el estatus político de ser una guerrilla insurgente.
En sus comunicados escritos y en sus mensajes grabados en videos, los líderes del grupo armado se presentan a sí mismos como miembros de una guerrilla, aunque en las imágenes que comparten en las redes sociales no se muestra en un número grande de combatientes:
“El EPP es una organización guerrillera, marxista leninista, nutrido con los idearios de los padres de nuestra patria, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, y el mariscal Francisco Solano López. Es un ejército popular y revolucionario de los pobres, para defenderse de los atropellos y asesinatos, cometidos por los matones de ganaderos, sojeros y las fuerzas represivas del Estado”, dice Osvaldo Villalba, quien se presenta como el máximo dirigente, con el actual alias de comandante Javier González, en un video propagandístico grabado en el monte, que circula en internet.
Desde sectores de la sociedad paraguaya y los medios de comunicación, las visiones y posturas con respecto al EPP están muy divididas y a menudo se contraponen. Líderes conservadores y voceros de grupos de derecha insisten en que el grupo armado es una expresión que representa a toda la izquierda, y que el principal ideólogo del EPP es el ex presidente de la República y actual senador del Frente Guazú, Fernando Lugo, aunque no han podido exhibir ninguna evidencia sólida hasta el momento.
Desde los diversos sectores de izquierda, las posturas tampoco han sido asumidas con claridad. No hubo hasta ahora ninguna crítica o autocrítica pública acerca de la presunta participación del Partido Patria Libre en la creación inicial del EPP. La reacción más frecuente de los dirigentes, e incluso de los pensadores sociales, es que el EPP no existe, es un invento del Gobierno, es un invento de los medios de comunicación, es una organización de policías o es una banda creada por los mafiosos narcotraficantes.
“El EPP es manejado por mafias y nada tiene que ver con la lucha campesina”, sostiene el sociólogo Ramón Fogel. Una postura distinta tiene el histórico dirigente del Partido Comunista Paraguayo, Luis Casabianca, quien sin negar el origen del EPP, sin embargo toma distancia con sus miembros: “Es un grupo armado al que quieren presentar como un supuesto grupo radicalizado de izquierda, pero cometer secuestros y asesinatos no es un acto revolucionario, sino un acto terrorista, como los secuestros y desapariciones que cometía la dictadura de Stroessner contra los luchadores populares”.
Tras sufrir el primer golpe del EPP, a solo dos días de haber asumido la presidencia, Horacio Cartes y sus principales voceros, junto a las autoridades de la Fiscalía y la Policía, parece haber acordado en forma unánime llamar “criminales terroristas” a los miembros del grupo, y sobre esa figura se opera incluso en la polémica modificación de la Ley de Defensa y Seguridad, para emplear a las Fuerzas Armadas en esta nueva fase de la lucha ¿Será el principio del fin del EPP, o solo una etapa de mayor confrontación?
