Sobre que el derrocamiento del presidente constitucional, Evo Morales, fue un golpe de Estado, no hay discusión. La renuncia bajo coerción y coacción de fuerzas militares y policiales militarizadas, no deja margen a dudas. En tanto, los sucesos inmediatos y acelerados que se van definiendo, pintan un peligroso retorno a la profundización de lo peor de los seres humanos en cualquier contexto: el racismo, el odio por pertenencia e identidad y la discriminación en todas sus variantes por diferencia, sumado a la entrega del país al despojo transnacional.
Tampoco hay discusión sobre que factores internos y externos articulados capitanearon el fin del proceso democrático y el inicio errático de una puesta político-militar que de tan variopinta y terrible mueve a broma dentro de aquella lógica del sicoanálisis que dice que detrás del chiste siempre hay verdad.
Odio racial y sectarismo mesiánico-cristiano. Esta es la lógica e ideología acunada en acción política que emerge con fuerza. Desde que “El Macho” Luis Camacho, el empresario del gas y los servicios de la región más rica de Bolivia, la cruceña, y miembro de la logia Los Caballeros del Oriente, ingresó a la sede de Gobierno anunciando que Dios volvería al Palacio, los militares y políticos de la derecha en su más diversa expresión conservadora, construyeron ese relato para culminar en la autoproclamación de la vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Áñez, como presidenta de Bolivia, al no lograr cuórum para ese propósito ni alguien que le haga juramentar. Ese hecho ilegal sumado al acto físico en donde un jefe militar le impone la banda presidencial, le entrega el bastón de mando y su autojuramento agitando un antiguo libro de los Cuatro Evangelios, anunciando el retorno “de la Biblia al Palacio” gubernamental, pinta de cuerpo entero el ejercicio antidemocrático y de imposiciones que se insufla desde la oposición política que echó en gorra el proceso plurinacional. Un remate épico le dio el Gobierno de EEUU que la reconoció inmediatamente sin reparar en las formas ni el fondo de las instituciones constitucionales bolivianas.
Odio de clase. Este es el otro elemento que indica que la situación en Bolivia tiene grietas y profundas raíces históricas, una expresión que aparece solapada o explícita en los actos y discursos de los promotores de la asonada y sus seguidores. El desalojo de la sede de Gobierno de la emblemática bandera de la nacionalidad indígena, la Wiphala, y su destrucción como símbolo en varios actos de protesta y violencia reinstala el arraigado desprecio de las clases altas y “blancas” bolivianas en contra de obreros, campesinos e indígenas, sectores postergados que con Morales llegaron a niveles de dignificación y ocuparon importantes espacios de poder y gestión en la política pública y la administración del Estado.
País fragmentado, enfrentado y dividido; con un anticipo inocultable de mayor escalada de violencia y de segregación por pertenencia social y política. El escenario de conflicto y de incertidumbre tras el golpe no es halagüeño. La más poderosa Central Obrera de Bolivia emplazó a la restitución de las legítimas autoridades destituidas en 24 horas y anuncia una huelga general con movilizaciones para avanzar sobre La Paz y restablecer el orden en el país.
El síntoma y la pésima salud de las democracias: Brasil, luego Venezuela y ahora Bolivia. Estos son los casos que permiten entender que las instituciones republicanas son cáscaras con peligroso contenido en eclosión. El golpe en Bolivia es la avanzada de acciones de manual para reinstalar gobiernos que entreguen las riquezas a las empresas transnacionales y endeuden al país con organismos supranacionales. A esos grupos, la democracia no les interesa, sino imponer la dictadura del capital sobre el cadáver de los pueblos.
