Al respecto, el fiscal Adriano Itálico Rienzi, de la Unidad Penal 2 de la Fiscalía Zonal de Mariano Roque Alonso, afirma para nuestro medio que vaticina, y no solamente él, sino todos sus colegas, que se registrarán muchos siniestros viales no solo en diciembre, sino también en enero.
La deducción es simple para el agente fiscal; el problema es que hacen falta más controles en las rutas.
“Y cuando se controla, dejémonos de joder con el tema de las propinas, propinas por debajo de la mesa, porque al paraguayo le encanta entregar propinas por debajo de la mesa y después se quejan de la corrupción; un tango se baila entre dos, no solamente una persona”, reflexiona.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppAl respecto cuenta que en una visita que realizó con su familia a Buenos Aires, su hijo de 3 años se desprendió el cinturón de seguridad y un agente lo alteó para hacerle una multa por el hecho.
“Miré a mi hijo, había sido se sacó el cinturón y eso está bien; así tiene que ser, otro día ya voy a aprender a atender que mi hijo no se saque el cinturón. ¿Por qué no procedemos de esa misma forma aquí?”, se pregunta.
REANUDAR. El agente asegura que si la Caminera necesita o quiere reanudar los controles, su unidad fiscal está a disposición de la institución, ya que “el protocolo de procedimiento lo ponen ellos”.
“Yo me he ofrecido para estar a su lado cuando ellos lo requieran, cuando esté de turno voy a poner personal; estos controles se deben hacer por más que le guste o no a la ciudadanía”, afirma.
También ya se adelanta a lo que la ciudadanía dirá –apunta– que es para recaudar y no se verá con buenos ojos; es por eso que cree que los controles se deben hacer no solo con la Patrulla Caminera y la Fiscalía, sino con la prensa misma, de forma bien hecha.
Como ejemplo recuerda que, cuando participaba de las barreras con la Unidad Fiscal de Fernando de la Mora, en su cargo anterior, los accidentes disminuyeron considerablemente.
CAJA DE LECHE. Rienzi lamenta que la Ley de Tránsito se pisotee cuando, por ejemplo, un conductor da positivo en 0,35 al alcotest, cuya multa es de G. 2.152.000, y va a lo penal para solucionar con una donación ínfima.
“Resuelven en el Juzgado con una caja de leche; es una vergüenza; o los propios defensores públicos piden G. 100.000 a tal lugar. Yo digo no. ¿Cómo en lo administrativo va a ser más caro que en lo penal? Porque el fin de lo penal es evitar la impunidad e intentar la readaptación social”, menciona.
En ese sentido, explica Rienzi que en lo penal, siempre se trata de resarcir el daño a la víctima, cuando es un homicidio culposo, pero que siempre está la responsabilidad administrativa. Sin embargo, la responsabilidad penal no puede ser menor a la administrativa, aclara.
A propósito critica que lastimosamente nuestro “garantismo penal”, se volvió muy consecuente al corazón del procesado, pero no a la razón de la sociedad; se volvió consecuente a ver las condiciones del procesado, pero no la condición social. El agente, además, refiere que el valor de la multa se debe traducir en trabajo social.
“El infractor debe ir a limpiar la comisaría por once días de 8 horas, y si no puede, que vaya 22 días de 4 horas cada uno y que haga su reparación social, que vaya al Ministerio de Salud a trabajar de camillero. Eso no quieren hacer los muchachos; entonces, dicen, ‘no, no, voy a juntar nomás y voy a entregar a los Bomberos”, detalla.
Bolsillo. También considera que mientras “al paraguayo” no se le dé una readaptación social, mientras no se le toque en serio el bolsillo con multas, no va a aprender lastimosamente, debe ser una multa de verdad y así va a pensar dos veces la próxima.
“Debe ser una verdadera reparación social también, no en el sentido de darle una propina como coima al inspector o al policía. Entonces, debemos volver a que la sociedad reciba, si no en multa, reciba nuevamente el resarcimiento social a través del trabajo voluntario, como lo que estamos tratando de aplicar en Mariano Roque Alonso” refiere.
Es así que destinan –explica– dichas reparaciones sociales, que las toman; pero no por una caja de leche o G. 100.000 o de acuerdo con las posibilidades del infractor, sino una “reparación real” y que, además, este debe realizar el trabajo voluntario.
Accidentes. En lo que tiene que ver a los accidentes propiamente, considera que se trata de un problema donde “muy pocos, gracias a Dios, son los inconscientes, pero que hacen de las suyas, como se diría”. En especial apunta a los motociclistas, que no miden las consecuencias de manejar alcoholizados y son imprudentes en las rutas.
“La mayoría de los casos que llevo son accidentes que ocurrieron a consecuencia del consumo de alcohol y que tiene que ver con imprudencia estando en motocicletas” detalla.
También cita que la gente arma manifestaciones porque se le empieza a controlar las motos.
“Son gente humilde que tiene para comprarse el combustible, pero no tiene para comprarse un casco o un foquito de G. 3.000, que está quemado y, encima, si no le ves, le vas a atropellar”, dice.
Detalla además que son motociclistas que pasan el semáforo en rojo, circulan por el carril exclusivo para colectivos, por lugares peligrosos, donde pueden ocasionar accidentes.
Suspensión. Respecto a la suspensión de los controles por parte de la Patrulla Caminera, asegura que no le consta que se haya cortado tras la intervención de los altos mandos del Estado, por ser retenidos en barreras con algunas copas de más.
Lo que acota es que si un ministro o el propio presidente de la República haya ocasionado algún accidente en ruta, también tiene una responsabilidad y esta es política, por lo que deberá enfrentarse a un juicio político.
