Un 21 de setiembre, pero del 2004, el inicio de la primavera se tornaba triste y oscura para la familia Cubas Gusinky, luego de reportarse que a las 18:30, cinco hombres a bordo de un Volkswagen Santana y de un Ford Escort interceptaron la camioneta de Cecilia, quien volvía del trabajo. Esto ocurrió en al barrio Laguna Grande de San Lorenzo. Ella estaba por llegar a casa; sin embargo, nunca lo logró.
El atroz atentado fue perfectamente planificado durante dos años (desde el 2002). Los secuestradores compraron inmuebles y vehículos, alquilaron casas, habilitaron celulares, –e incluso– reclutaron a jóvenes, a los que adiestraron para el seguimiento, captura y custodia de Cecilia.
EL SECUESTRO. Tras interceptarla, los hombres empezaron a disparar y lograron su objetivo: Inmovilizar el vehículo. Sus captores bajaron de los autos y mientras unos hacían guardia, dos fueron y la obligaron a descender.
“Bájese, bájese”, le ordenaron y le tomaron por la fuerza, ya que Cecilia intentaba huir. Doblegada su resistencia, la subieron al auto para luego desaparecer de la vista.
La camioneta de la joven recibió unos 30 impactos de bala, pero todo estuvo bien planificado, porque ningún disparo la hirió. “Seguramente, la intención era inmovilizar el vehículo, porque los impactos del frente iban dirigidos hacia el motor”, había declarado el comisario César Silguero, siendo entonces jefe de balística.
El policía dijo que “para realizar un hecho de esta naturaleza, tienen que ser personas con adiestramiento, porque pudo haber ocasionado la muerte de la víctima si eran improvisados”.
Y, efectivamente, no eran personas improvisadas. Fue probado en juicio que el grupo armado del Movimiento Patria Libre (luego autodenominado EPP) recibió capacitación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pasó más de una hora, y, recién a las 19:55 de ese 21 de setiembre los familiares recibieron la primera llamada de uno de los secuestradores, quien con “voz asustada y nerviosa” alertó que volvería a comunicarse. Así comenzó el contacto y las tratativas para la liberación.
Las llamadas a la familia Cubas Gusinky y amigos se hicieron de cabinas públicas de todo el país: de Caacupé, Mariano Roque Alonso, Luque, Ciudad de Este. Se comunicaron varias veces desde ese día, incluso, el 12 de noviembre, fecha en que se pagó para que Cecilia sea liberada, pero esto nunca sucedió.
La familia pagó el monto, pero los secuestradores nunca la liberaron
Una voz masculina era el contacto con la familia Cubas Gusinky por teléfono, además de correos, a partir del 21 de setiembre del 2004. Los propios secuestradores proveyeron el email y la contraseña.
“Señores. Quiero 300 mil y terminamos con esto lo antes posible. Es su última oportunidad”, decía uno de los correos de octubre del 2004. En principio, se les impuso la cifra de USD 5 millones para liberar a Cecilia, y aumentaría 5% por cada error. Sin embargo, llamativamente fueron bajando el monto hasta USD 300.000, que fue lo que se entregó.
“Soy un hombre de palabra. No le queda otra alternativa que confiar en mi palabra”, eran algunos de los mensajes con los que mantenían en zozobra a la familia, aparte de dejarles paquetes con pruebas de vida y cartas escritas por Cecilia.
Los secuestradores tenían un control total sobre cada movimiento de la familia. Incluso, exigieron que se saquen los rastreadores de la casa, porque eso iba a costarle la vida a la joven.
El pago se hizo el 12 de noviembre del 2004, pero los captores no cumplieron su palabra y la liberación de Cecilia nunca llegó.
EL HALLAZGO. Luego de meses de incertidumbre y de no tener más llamadas ni correos, finalmente, el 16 de febrero del 2005 se confirmó lo peor, cuando encontraron a Cecilia enterrada en la fosa de una casa en el barrio Mbocayaty de Ñemby.
Tras confirmarse la muerte, otro dolor vino después: Enterarse que fue enterrada viva. “Ella encuentra la muerte estando enterrada”. “Estaba inconsciente, por el fármaco. Una muerte agónica porque no es inmediata, pero esa agonía no produce dolor”, testificó en juicio el forense Pablo Lemir.
Cecilia Cubas era mantenida dopada con disomnilan durante su cautiverio. Así la metieron a la fosa. Aparte, le colocaron una mordaza que le tapaba la boca y la nariz para que no pudiera respirar.
Murió por asfixia. Cuando se la encontró, solo quedaban restos de lo que una vez fue una joven sonriente. Llevaba 30 a 60 días muerta.
En ese allanamiento, se encontró una de las habitaciones con rastros de haber estado cubierta de plástico negro. “La privación sensorial es un método de tortura que consiste en impedir que la persona pueda determinar si es de día o de noche, en qué espacio está o cuánto tiempo pasó. Y la otra es mantener en total oscuridad”, contaba Lemir.
Se entregaron varias pruebas de vida
Los secuestradores indicaban a los familiares y amigos lugares de dónde recoger las pruebas que demostraban que Cecilia Cubas seguía con vida.
Desde el 24 de setiembre del 2004, empezaron a avisar que dejaban mensajes en lugares impensables, como dentro de la cisterna de un baño, o la tapa del inodoro de shoppings y locales. Los mensajes tenían fotos, cartas de Cecilia e instrucciones de las tratativas.
“Hay todavía nexos políticos con este grupo criminal”
“Este grupo delictivo inicia dándole un ropaje político para poder finalmente cumplir con sus fines, que era recaudar dinero para grupos armados, no solamente en Paraguay. Se cubrían con el tinte político tal vez pensando que (luego) sean perseguidos políticos”, dijo la abogada Gessy Ruiz Díaz, querellante en la causa, representante a la familia Cubas.
Hoy el Estado paraguayo tiene todavía una deuda en materia de la lucha contra el crimen organizado en llegar a los responsables, y a los asesores, explicó.
“La familia Cubas tiene reclamos al Estado, por circunstancias de que se pudo encontrar a Cecilia si es que se actuaba en su momento. Queda la duda”, dijo.
También, la abogada sostuvo que el reclamo que el Paraguay debe hacer es sobre si es efectiva la lucha que se pregona a través de las instituciones, “porque pasó tanto tiempo y que no se hayan logrado llegar a todos los miembros del EPP es todavía una incógnita”.
Surge la duda si el Estado está haciendo todo lo que se debe hacer o efectivamente no hay voluntad, expresó.
“También podríamos tener intereses políticos detrás, que es lo que siempre nos queda la duda, o el secuestro financió en algún momento a sectores políticos y por eso no hay voluntad genuina de llegar a todos los responsables”, precisó Ruiz Díaz.
El clan Villalba consiguió en Argentina refugios políticos, siendo parte de un esquema criminal. También Rodrigo Granda, de las FARC, logró sustraerse de la Justicia por apoyos políticos.
“El Estado no puede desatender que acá hay todavía nexos políticos con estos grupos criminales”, finalizó.
“No vamos a parar hasta que todos lleguen a la Justicia”
“Nosotros no vamos a parar hasta que todos los involucrados en este caso comparezcan ante la Justicia, para dar su versión y responder sobre los hechos”, lo dijo el fiscal Lorenzo Lezcano, quien hoy representa al Ministerio Público en la causa contra Lorenzo González, quien está siendo enjuiciado por el secuestro de Cecilia.
La acusación de la Fiscalía sitúa al hoy procesado en la escena del día del secuestro. Sería una de las cinco personas que actuaron en la captura de Cecilia Cubas el 21 de setiembre del 2004.
El fiscal Lezcano sostuvo que se está demostrando en el juicio la participación de González.
INCÓGNITAS. Para la Fiscalía, sigue habiendo cuestiones llamativas sobre el secuestro, como que los captores habían bajado rápidamente sus pretensiones de USD 5 millones iniciales a USD 300.000, que fue lo que finalmente se pagó.
Lezcano contó que esto fue advertido por asesores extranjeros que contrató la familia Cubas Gusinky en el 2004.
Reveló que luego del pago, hubo una nueva comunicación “donde los propios secuestradores consideraron ese monto como una multa, por los errores que supuestamente habían cometido durante todo ese proceso”, acotó el agente.
Los captores tuvieron un último contacto con la familia el 21 de diciembre del año 2004, donde requirieron una nueva suma, pero de USD 3 millones, para negociar la liberación de Cecilia. “Fue la última comunicación que se tuvo hasta el fatídico día 16 de febrero del año 2005 (fecha del hallazgo del cuerpo)”, recordó.
Condenados POR el caso
Rosalba Jara
Lidia Samudio
Casildo Acosta
Aldo Meza
Vaciano Acosta
Pedro Chamorro
José Hidalgo
Manuel Portillo
Roberto Otazú
Sebastián Osorio
Francisca Andino
Óscar Luis Benítez
Osmar Martínez
Anastacio Mieres
Carlos Espínola
Agustín Acosta
Basiliano Cardozo
Simeón Bordón
Arístides Vera
Roque Rodríguez
Gustavo Lezcano
HOY PRÓFUGOS
Magna Meza
Manuel Cristaldo Mieres
Liliana Villalba
Alcides Mereles
Isaac Burgos
Blas Franco
Ángel Acosta
Juan Arrom
Anuncio Martí
Víctor Colmán
Vidalina Cardozo
Rodrigo Granda (FARC)
Orley Jurado Palomino (FARC)
