La Cámara de Apelaciones desde ocho meses no resuelve la apelación presentada por el fiscal Luis Piñánez contra el sobreseimiento del diputado colorado oficialista Tomás Rivas. El legislador había hecho un acuerdo conciliatorio con el entonces presidente de la Cámara Baja, Pedro Alliana, pero el agente sostiene que no correspondía.
En diciembre del año pasado, antes de iniciarse el juicio, la defensa de Rivas presentó el acuerdo que hizo su defendido con el ex titular de Diputados, pagando lo que consideró que era el perjuicio patrimonial, lo cual fue de G. 121 millones. Pidieron al Tribunal la conciliación y los jueces aceptaron y extinguieron la causa y sobreseyeron a Rivas.
Sin embargo, al consultar al fiscal Piñánez, él refirió que la ley es clara en el sentido de que la conciliación es una opción, pero que entró en discusión con quién podía conciliar el diputado, ya que debió hacerlo con alguien que represente a la sociedad.
“Nosotros como Ministerio Público teníamos la legitimación activa, ahora parece que dice que es la Procuraduría, y al ser una causa de corrupción nosotros no estábamos conformes con el acuerdo, por considerar que Alliana no tenía legitimación activa para conciliar”, refirió.
El 31 de diciembre del año pasado, la Fiscalía presentó el recurso ante Cámara de Apelación cuarta sala y hasta el momento no hay respuesta.
EL CASO. El caso conocido como Caseros de Oro salió a luz gracias a las publicaciones de ÚH. El diputado Rivas tenía a sus caseros recibiendo salarios de la Cámara de Diputados, siendo que en realidad trabajaban en las casas de Rivas. Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero, fueron condenados en junio del año pasado a 2 años de cárcel con la suspensión a prueba de la ejecución de la pena.
Fueron hallados culpables por cobro indebido de honorarios. Se había demostrado la estafa en contra del Estado, ya que percibían salario sin trabajar en Diputados. Explicaron que en el caso de Franco, el perjuicio fue de G. 24 millones; Chaparro fue de G. 16.937.080; y de Romero fue de G. 16.895.830, por los salarios cobrados.
En cuanto a Rivas, el legislador también fue procesado y su causa se elevó a juicio. Fue acusado por estafa y cobro indebido de honorarios a raíz de publicaciones periodísticas de Última Hora en el año 2017.
Se corroboró que sus caseros figuraban como funcionarios de Rivas en el Congreso, pero en realidad no prestaban servicio.
Rivas es conocido por las constantes dilaciones que presenta para retrasar su proceso y el caso se alargó por 4 años, debido a estas chicanas.
