La masacre ocurrida el último domingo en la Penitenciaría Regional de San Pedro, donde fueron asesinados diez reclusos y otros 14 resultaron heridos, pudo haber sido evitada por las autoridades del Ministerio de Justicia. Y no solamente por las publicaciones periodísticas que daban cuenta de la consolidación de la banda criminal brasileña en las cárceles del país, donde iban reclutando más de doscientos soldados paraguayos. También, el propio ex director de dicha penitenciaría, Wilfrido Quintana, solicitó, a mediados de mayo, el traslado a otras penitenciarías de siete soldados del Primer Comando Capital (PCC) e igual número del clan Rotela, todos recluidos en esa institución y que ya se estaban amenazando de muerte, tras el asesinato de un miembro de la banda brasileña en Tacumbú.
Pero desidia de las autoridades del Ministerio de Justicia pudo más y los traslados no se hicieron. Hasta que el domingo último se desencadenó lo que fue advertido por el ahora destituido director de la cárcel de San Pedro.
En una nota dirigida el 17 de mayo pasado al entonces titular de Establecimientos Penitenciarios, Blas Martínez, el ex director de la Penitenciaría Regional de San Pedro pidió de carácter urgente el traslado de los supuestos integrantes del Primer Comando Capital y otros siete del clan Rotela. El pedido se hizo para los presuntos soldados del PCC, identificados como David Andy Izquierdo Ibacache, Fredy González Delvalle, Óscar Diosnel Villa Bobadilla, Armando Cáceres Cañete, Leonardo Alfonso López Carballo, Jorge David Centurión y César Andrés Benítez. Del clan Rotela, se pidió el traslado de Cristian Martínez, Odil Alcibiades Franco Sosa, Mariano Daniel Bruno Zuchini, Santiago Benítez Estigarribia, Nelson Arturo Rotela, Derlis Daniel Silva Gavilán y Mario Darío Alfonzo Lugo.
Ninguno de los mencionados en ambas listas aparece como fallecido confirmado por el Ministerio de Justicia durante la carnicería desatada durante el fin de semana.
El pedido fue realizado tras el crimen del interno Wilson Antonio Diana, supuesto integrante del PCC, ocurrido hace meses atrás en la penitenciaría de Tacumbú.
Aparentemente hubo una “permanente discusión y amenaza de muerte entre ambos grupos como ajuste de cuentas”, fundamenta el escrito la solicitud de traslado.
DEFENSA. Por otro lado, el vice ministro de Justicia, Pascual Barrios, negó que su estudio jurídico haya defendido a Tranquilino Giménez, miembro de la banda de Toma’i Rojas, quien estaba gozando de su reclusión en una granja supuestamente dependiente de la penitenciaría de San Pedro, ubicada detrás del recinto carcelario. Barrios dijo que cuando fue designado como viceministro desmanteló su estudio jurídico y mencionó además que él litiga solamente casos civiles y deportivos, no así casos penales, contrariamente a lo que fue sindicado por informaciones oficiosas.