Estando en el siglo XXI, una mirada retrospectiva a los postulados que nuestros héroes de la patria perseguían nos señalan que estamos todavía muy lejos de cumplirlos, lo cual nos impone el desafío de crear condiciones para el diálogo y los acuerdos necesarios.
Si bien la idea de independencia ya no es la misma porque se cortaron los lazos político-gubernativos con España y Buenos Aires, persiste el objetivo de garantizar la vigencia de una estatalidad que ponga en primer lugar los intereses de la Nación y el bien común.
El 14 y 15 de mayo de 1811 nos declaramos una Nación libre e independiente, lo que significó conformar un gobierno soberano para definir las instituciones que garantizarían el cumplimiento de un contrato social en construcción, basado en un estado de derecho y una democracia representativa. Estos principios y valores iniciados en 1811 siguen vigentes actualmente concretizados en la Constitución 1992 y en diversos instrumentos internacionales ratificados por Paraguay.
La captura de las decisiones públicas por parte de poderes fácticos nos está llevando hoy por un camino seguro hacia un Estado defectuoso o fallido. Entre los mayores indicios se encuentran la existencia de grupos ilegales que gobiernan parte de nuestro territorio, en muchos casos con la complicidad de las fuerzas del orden público.
La penetración del narcotráfico ya no solo en el territorio sino también en los poderes del Estado da cuenta de la complejidad de la situación. Este proceso muestra la pérdida del monopolio del uso legítimo de la fuerza del Estado, siendo esta una de las señales más nítidas del deterioro de la institucionalidad.
Gran parte de las políticas públicas están direccionadas hacia sectores que imponen sus intereses particulares en contra de los objetivos nacionales y del bien común. Por eso se mantienen importantes brechas de bienestar y no logramos dejar de estar en los últimos lugares entre los países de la región.
En el ámbito económico, el contrabando generalizado tanto en la entrada como en la salida irregular de bienes legales e ilegales da cuenta de la fragilidad de las fronteras, así como la extranjerización de las tierras paraguayas. Si bien tenemos un marco jurídico que protege el territorio, el mismo no se implementa ni se penaliza el incumplimiento.
Una estructura política capturada visibiliza sus consecuencias en los altos niveles de desigualdad. El índice de Gini de la tierra es uno de los más elevados del mundo y el del ingreso, si bien muestra reducciones hasta 2021, se mantiene alto y volátil con un aumento en 2022, con lo cual el país retrocedió al menos tres años de avances.
Este retroceso no es aislado de otros. También se observan aumentos en tasas de mortalidad, en el analfabetismo adulto y disminución de coberturas de servicios de salud. Desde hace casi una década están estancados los ingresos laborales, la informalidad y la pobreza.
En un contexto de importantes brechas –algunas en aumento– pretender el objetivo de “unión e igualdad” es poco realista y su incumplimiento nos pone en una situación de altos niveles de conflictividad, lo que cierra el círculo perverso de ingobernabilidad, crecimiento bajo y volátil, desarrollo estancado, conflictos sociales y políticos y, de nuevo, ingobernabilidad.
Paraguay está en un momento clave para torcer el rumbo. Si en el corto plazo no logramos un gran acuerdo nacional en el que se impongan los postulados de la Independencia –independencia, soberanía, unión e igualdad– será muy difícil mantener los logros y ampliarlos en el largo plazo.