Autoridades del Ministerio de Hacienda y representantes de los sindicatos de empleados públicos se reunieron ayer en la sede de la cartera fiscal para iniciar las discusiones sobre los topes impuestos por el Gobierno al pago de los polémicos sobresueldos. Los estatales se habían movilizado ayer por el centro de Asunción en defensa de los beneficios salariales.
En la víspera, los participantes del encuentro acordaron abrir una mesa de diálogo y mantener reuniones periódicas, con el objetivo de llegar a una solución consensuada en un plazo de 15 días, informó el viceministro de Tributación y actual ministro sustituto de Hacienda, Óscar Orué.
El subsecretario de Estado remarcó que si bien los topes impuestos son legales y no se piensa en dar marcha atrás, el Gobierno se comprometió a analizar las gratificaciones que recibe cada ente en particular y dejó abierta la posibilidad de establecer excepciones para cuadrillas especiales o para aquellos que realizan labores riesgosas. No obstante, aclaró que si se decide ampliar el límite en casos especiales, los pagos no se darán de forma desmedida como viene ocurriendo actualmente.
“Creo que es muy difícil que se revean (los topes), pero podemos analizar caso por caso. Por ejemplo, en el caso de ANDE, tenemos personas que hacen trabajos en la calle y tenemos que ir viendo. No me quiero aventurar a decir que se va a retroceder; de hecho, el Gobierno no tiene ninguna intención de retroceder”, expresó.
“Pero vamos a ver caso por caso. Porque puede ser que en algunos casos haya beneficios que correspondan pagarlos otra vez, pero ya no de forma desmedida, sino que ver un punto intermedio entre lo que reclaman ellos y los topes fijados”, acotó el ministro sustituto Orué.
GARANTIZAN LOS SERVICIOS
Los sindicatos de empleados públicos, por su parte, se comprometieron ayer a garantizar los servicios básicos mientras duren las negociaciones.
El vicepresidente de la CUT y miembro del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande), José Pineda, explicó que de ahora en más, las conversaciones se darán directamente con las autoridades de los entes, a modo de encontrar salidas consensuadas y presentarlas luego ante la mesa de trabajo. Recordó que en los pagos de enero, ya sufrieron descuentos en los beneficios extras.
“Hoy estamos habilitados a negociar; el Gobierno va a bajar una línea y nosotros también. Es una forma racional del tratamiento de un conflicto, cualquiera de las partes puede plantear modificaciones y por nuestra parte es también ver hasta qué nivel podemos aceptar las modificaciones que propone el Gobierno. El servicio no fue ni será afectado, se garantizó eso. También garantizamos que durante esta mesa de negociación vamos a mantener la movilización en mínima expresión”, manifestó Pineda.
La polémica por los sobresueldos se inició cuando el Ejecutivo, mediante el decreto reglamentario del Presupuesto 2020, limitó hasta un salario mínimo el pago por cada concepto incluido en el subsidio familiar, estableciendo que el pago por cada rubro se podrá realizar solo una vez al año y dependiendo de la disponibilidad presupuestaria.
Esta normativa no cayó para nada bien en el funcionariado público, especialmente, en el plantel de las empresas estatales.
Los principales sindicatos aseguran que estas restricciones violan los contratos colectivos vigentes y son ilegales, pues pretenden limitar el uso de recursos fijados por la ley. Pidieron la renuncia del ministro de Hacienda, Benigno López.
Los beneficios adicionales cuestan USD 75 millones
Los funcionarios públicos se movilizaron durante la mañana del lunes por el microcentro asunceno en defensa de los sobresueldos. Llegaron hasta la sede de Hacienda.
De la manifestación participaron alrededor de 500 personas, lo que afectó principalmente a los usuarios de la ANDE, ya que los portones de los centros de atención de la entidad estuvieron cerrados durante ese tiempo.
Según los datos oficiales, los pagos salariales adicionales le cuestan al Estado unos USD 75 millones al año.
Las empresas públicas son bastante generosas a la hora de pagar beneficios. Es así que los funcionarios de estas entidades cobran por ayuda vacacional, ayuda alimentaria y hasta por disponibilidad. En el caso de la ANDE, el plantel hasta tiene descuentos del 50% en su consumo.
