Así lo confirmó este miércoles el viceministro de Tributación y actual ministro sustituto de Hacienda, Óscar Orué. El titular de la institución, Benigno López, se encuentra fuera del país para asistir a conferencias.
Si bien, el secretario de Estado aseguró que no se pagará de la misma manera que antes, confirmó que se verificarán los topes del salario mínimo en las instituciones para evitar perjudicar a los trabajadores y a la ciudadanía que recibe los servicios.
“Lo que se buscará es un punto intermedio o un poco más de los topes al momento del cobro. No me quiero aventurar a decir si vamos a ceder o no porque esto se va analizar, pero el diálogo es lo más importante para evitar perjudicados”, expresó Orué en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
Consultado sobre el aumento que podría darse al tope del salario mínimo, el ministro sustituto refirió que podría ser en el orden del 1,5%, por ejemplo.
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“No va a ser para todos, esto se va a analizar caso por caso, si amerita un análisis profundo y si se puede financiar con los recursos”, expresó.
Autoridades de Hacienda y representantes de los sindicatos de empleados públicos se reunieron el martes para iniciar las discusiones sobre los topes impuestos por el Gobierno al pago de los polémicos sobresueldos.
Los estatales se movilizaron por el centro de Asunción en defensa de los beneficios salariales. No obstante, se acordó una mesa de diálogo por un plazo de 15 días para resolver la situación.
En ese sentido, Orué mencionó que si no se llega a algún acuerdo con los gremios, la institución mantendrá la limitación y los trabajadores deberán recurrir a la justicia ordinaria.
Según datos brindados por el ministro sustituto, en el Banco Central del Paraguay (BCP), por ejemplo, se pagaba una ayuda educacional de G. 12 millones al año, mientras que en Hacienda se abonaba cerca de G. 10 millones en concepto de ayuda familiar, vacacional y alimenticia.
Con la limitación de los gastos, se busca ahorrar cerca de USD 25 millones que las empresas públicas y otros entes podrán redestinar a inversiones para un mejor funcionamiento, según agregó Orué.
Medidas correctivas
Por otro lado, Orué también refirió que como medida a corto plazo para corregir el despilfarro del dinero público, en el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2021, se plantearán las limitaciones para que queden establecidas por ley.
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Mientras que como medida a largo plazo, explicó que se trabajará en una reestructuración de los beneficios de los funcionarios mediante una modificación de la Ley de la Función Pública, donde se establecerá una carrera administrativa, el salario acorde y la preparación.
“Todo esto tenemos que discutirlo políticamente para lograr una reestructuración total”, concluyó.
