Llamosas explicó que las fuentes de financiamiento provienen en parte de recursos no comprometidos para este ejercicio fiscal de las empresas públicas con la obligación de reembolsarlos en los próximos años, así como de bonos del Tesoro, y de reasignaciones presupuestarias, pero el mayor volumen corresponde a un activo de derechos especiales de giro del FMI por USD 250 millones, una herramienta que despertó curiosidad en los legisladores.
Ante la consulta de la senadora Esperanza Martínez, presidenta de la Comisión de Hacienda, sobre si estos representan una deuda pública, Llamosas contestó que no, ya que no es reembolsable. Sin embargo, al efectivizar en dólares se debe pagar una tasa anual de 0,5%, inferior a los intereses de préstamos de organismos bilaterales.
Como los fondos estarán disponibles recién a fines de agosto o principios de setiembre, Hacienda prevé un adelanto a través del Banco Central del Paraguay (BCP).
Otra novedad con respecto a la Ley de Emergencia del año pasado es la constitución de un fondo fiduciario de 20 millones de dólares, que serán administrados por el Banco Nacional de Fomento.
Estos recursos servirán principalmente para pequeñas empresas y trabajadores independientes que anteriormente no pudieron acceder al sistema bancario, ya sea para obtener capital operativo o para generar un proceso de recuperación económica.
La Comisión del Senado refirió que analizará con mayor profundidad la propuesta del Ejecutivo para emitir un dictamen la próxima semana.
Preocupa deuda a farmacéuticas
Ante el reclamo de la industria farmacéutica del pago de una deuda histórica, Hacienda insiste en que se debe certificar el valor debido a que no hay concordancia con los datos del Ministerio de Salud.
La senadora Esperanza Martínez expuso la propuesta que se presentó para que el Estado afronte sus compromisos. Se trata de una herramienta que permitirá canjear la deuda de medicamentos por bonos internos.
Al respecto, Óscar Llamosas refirió que toda emisión de bonos tiene un impacto en el nivel de deuda en la administración central y pago de intereses y que igualmente se deben estudiar las opciones luego de la certificación de la deuda, lo que provocó el reclamo de la legisladora por el Frente Guasu. “Estamos dejando de lado un sector estratégico en la provisión sanitaria en momentos de pandemia”, expresó durante la reunión.
En ese sentido indicó que no se explica cómo esa deuda flotante no se registró y presentó en los proyectos presupuestarios como debería ser. Hacienda se comprometió a entregar un informe sobre esta situación.