Para el Ministerio de Hacienda, el proyecto sancionado por el Congreso Nacional, que otorga subsidios excepcionales directos a trabajadores de ciudades fronterizas con Argentina, es inaplicable y, por ello, se presentará una nueva alternativa.
Al respecto, la viceministra de Economía, Carmen Marín, mencionó durante el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, que se buscará replicar el mismo sistema del programa Pytyvõ para beneficiar a los trabajadores afectados.
“Lo que nosotros queremos es replicar la experiencia que ya tuvimos con el programa Pytyvõ. Queremos habilitar un periodo de catastro para que se puedan registrar, necesitamos más que el número de cédula y RUC, necesitamos que se declaren los ingresos y cuál es la categoría ocupacional”, explicó.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLa alta funcionaria sostuvo que es necesario realizar una serie de preguntas para otorgar el beneficio, como también verificar el entorno de convivencia, a fin de corroborar que no haya otros ingresos fijos en la familia.
“Estamos todos de acuerdo en que es un sector que es muy afectado. Tenemos que apoyarle, el Ministerio de Hacienda va a plantear una alternativa de solución a este sector. De hecho ya estábamos trabajando con estas personas”, precisó.
En ese sentido, comentó que la semana pasada se realizó una reunión con el sector afectado y ya se comunicaron las preocupaciones del Fisco. Para este lunes se prevé una nueva reunión con el objetivo de aclarar más detalles.
Preocupaciones
Hacienda ya anunció días pasados que la normativa es inaplicable y con la nueva propuesta se tratará de solucionar algunas preocupaciones que, según la viceministra, no facultan al Poder Ejecutivo la posibilidad de focalizar a los beneficiarios.
“La normativa habla de comerciantes en general, personas físicas o jurídicas de todas estas ciudades afectadas. Es decir, todos aquellos comerciantes de estas ciudades que tengan un RUC, tengan patente y estén registrados van a poder ser beneficiarios”, apuntó Marín con relación a los aspectos que preocupan.
Además, agregó que la normativa establece una subsidio diferenciado para dos casos: para comerciantes de hasta un subsidio de G. 3 millones por mes y a trabajadores informales de hasta un monto de G. 500.000.
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“A la hora de hacer el impacto o del costo de esta propuesta definitivamente tenemos que hablar de un costo potencial muy elevado”, aseveró.
Otro punto cuestionado es sobre la modalidad de registro. La viceministra sostuvo que de promulgarse la ley, el Ministerio de Hacienda tendría que coordinar con las gobernaciones y los municipios de distritos afectados.
“Va a llevar todo un tiempo de discusión de cómo vamos a reglamentar esa parte. Vamos a tener que coordinar una lista con los municipios”, manifestó.
La viceministra dijo que tampoco se aclara la forma de pago y recordó que los subsidios anteriores se llevaron a cabo, en su totalidad, de forma electrónica y eso también se debería replicar.
“Sin embargo, acá no tengo una garantía de hacer una acreditación en efectivo o hacer a través de un sistema totalmente trazable”, lamentó.
Fondo insuficiente para subsidio
La titular del Viceministerio de Economía también explicó que el documento sancionado hace referencia al saldo restante de la Ley de Emergencia, vinculado al pilar de protección social.
“Efectivamente, en el programa Pytyvõ hay un remanente de un poco menos de USD 10 millones, que esos son los saldos para redireccionar. También vincula con el subsidio del Instituto de Previsión Social (IPS) y los pagos por compensaciones, donde hay un saldo de USD 30 millones, según otra interpretación”, indicó.
Marín comentó que Hacienda estima que el costo de dicho subsidio estaría entre USD 50 a 60 millones, mientras que la cantidad de beneficiarios podría alcanzar a 70.000 personas.
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“Manifestamos nuestra preocupación a los legisladores, así como a los afectados. Pero lo importante es trabajar en una propuesta que sea viable, que cumpla con todos los objetivos y eso es lo que manifestamos en la reunión anterior y que mañana presentaremos”, adelantó.
A través de la ley, que aún espera por el veto o la promulgación del Poder Ejecutivo, se pretende otorgar un subsidio excepcional directo a trabajadores cuentapropistas en situación de informalidad, comerciantes y afines, ubicados en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez (Itá Corá), Villa Oliva, Villa Franca, Natalio (Puerto Triunfo), Mayor Otaño y San Rafael del Paraná.
