El Ministerio de Hacienda empezó esta semana la consolidación general de los ingresos y gastos de las instituciones públicas para cerrar el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023. El documento debe ser presentado al Congreso a más tardar el 1 de setiembre.
La cartera que lidera el Equipo Económico Nacional realiza esta tarea sobre una base de expansión del Producto Interno Bruto (PIB) del 5,2% y una inflación del 4,2%.
Si bien estos números implicarían un crecimiento de las recaudaciones tributarias, el plan de gastos público también requerirá nuevamente de endeudamiento para financiar las inversiones y el servicio del pasivo próximo a vencer.
En ese sentido, el Gobierno tiene en mente tomar nueva deuda por unos USD 600 millones, monto similar al contemplado este año. De ese total, entre USD 350 millones y USD 400 millones serían tomados mediante préstamos de organismos multilaterales y el monto restante se obtendría mediante la emisión de bonos.
Esto último representa una novedad frente al PGN vigente, que da mayor participación a los bonos, aunque está en línea con la decisión del Gobierno de suspender este año las colocaciones locales debido a las altas tasas que reinan como un efecto de las políticas monetarias para contener la inflación.
Saldo rojo. El PGN 2023 se presentará, como cada año, con un déficit fiscal del 1,5% del PIB, como establece la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
Sin embargo, según informaron desde Hacienda, se volverá a incluir en el articulado la posibilidad de sobrepasar ese tope, en esta ocasión hasta el 2,3%, en línea con el plan de convergencia del Gobierno (ver infografía).
Así, el 2023 será el quinto año en el que el Ejecutivo recurrirá a la cláusula de escape de la LRF, principalmente para mantener el nivel de la inversión pública en un contexto aún difícil por la gradual recuperación de algunos sectores, la sequía y la elevada inflación.
Proceso. Tras recibir los anteproyectos para 2023 que son presentados por las entidades públicas, Hacienda realiza la consolidación general y entrega el plan final al Congreso antes del 1 de setiembre.
El documento pasa luego por la Comisión Bicameral, compuesta por senadores y diputados. Esta instancia realiza el estudio durante dos meses y debe emitir un dictamen antes del 1 de noviembre.
Finalmente, el PGN pasa por ambas cámaras para su sanción.
Suba docente
Las autoridades del Gobierno iniciaron una mesa de diálogo con los gremios docentes para llegar a un acuerdo sobre el último reajuste contemplado en relación al salario básico profesional.
La idea es que esta suba sea gradual y por periodos, ya que iniciar desde enero costaría unos USD 80 millones y complicaría el panorama para el Tesoro.
El proceso público hacia el salario básico profesional de los maestros arrancó en el 2017 y acabaría el año que viene.
