A diez días de haberse sancionado y a apenas una semana hábil de que cierre el ejercicio fiscal, el Ministerio de Hacienda no recibió aún la ley que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023.
Según informó ayer en diálogo con Última Hora, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, desde el Congreso le comunicaron que recién la próxima semana se estaría remitiendo la legislación que autoriza el plan de gastos, ya que no están pudiendo reunir todas las firmas de los senadores, según dicta la normativa vigente.
Recalcó que si bien los técnicos ya están haciendo análisis previos con base en el seguimiento que hicieron de las sesiones, la falta de recepción del documento final dificulta la confirmación de los datos, con lo que no pueden tomar aún una decisión sobre la recomendación que harán al presidente Mario Abdo Benítez: promulgación o veto parcial. La objeción total ya quedó descartada.
Consultado sobre si darán los tiempos para que el nuevo PGN esté vigente ya desde el 2 de enero, señaló que, atendiendo a los plazos de remisión desde el Congreso y del posterior estudio pormenorizado en el Ejecutivo, es muy difícil.
Con esto, se concluye que el Estado podría arrancar el 2023 sin un Presupuesto, como ya ocurrió en el 2017 y 2018, aunque eso no impide la ejecución de gastos prioritarios o el funcionamiento de las entidades.
PREOCUPACIÓN. El Senado sancionó el pasado 13 de diciembre el PGN para el 2023.
La Cámara Alta ratificó su media sanción inicial, con lo que el plan de gastos del Estado quedó con un monto global de G. 105,36 billones (USD 14.844 millones).
Si bien esto está en línea con el déficit del 2,3% del PIB, incluye una sobreestimación de ingresos tributarios por valor de G. 184.210 millones, lo que para Hacienda constituye en realidad un desfinanciamiento, porque esa proyección carece de sustento técnico; por ende, es dinero que no ingresaría al Fisco el año próximo (ver infografía).
El Congreso sancionó también un aumento de G. 351.000 millones en el gasto salarial, lo que financiará la creación de casi 2.900 cargos, así como reajustes para funcionarios del Congreso, Registro Civil, UNA, Defensa Pública, Mades y Ministerio de Salud, entre otros.
Estas particularidades preocupan bastante a Hacienda. Según Llamosas, las opciones que maneja la cartera son tres: veto parcial, aplicar un duro plan financiero o acotar el plan de caja. La primera consiste en objetar solamente partes de la ley que se consideran incumplibles, la segunda en establecer un tope a los gastos financiados con impuestos y la tercera es una herramienta que limita las transferencias mensuales a las entidades de acuerdo con las recaudaciones.
