La fiscala Silvana Otazú, quien investiga un presunto intento de cobro irregular de unos G. 350 millones del programa Pytyvõ, informó que del allanamiento a la vivienda del detenido Gregor Brítez, propietario de una consultora privada, llevaron algunas evidencias como dispositivos electrónicos. En el operativo también fue aprehendido Carlos Gustavo Chumpitaz, de nacionalidad peruana.
Según la investigación, existen ciudadanos que no tienen acceso o suficiente destreza para manejar un teléfono con internet, entonces los supuestos autores del hecho se manejan con la cédula de identidad del beneficiario y con el IC, que es un código que tiene la cédula que generalmente no es público.
“Ellos (detenidos) accedían a la IC, fingían ser beneficiarios, en el sentido de cobrar el Pytyvõ para que estas personas adquieran ciertas mercaderías, pero la alerta Bancard nos pudo informar que llamó la atención que una consultora tenga tanta cantidad de personas beneficiarias al sistema Pytyvõ, porque una consultora no tiene un rubro de alimentos o de cuestiones de comestibles”, explicó a los medios de comunicación.
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Dijo que se pudo verificar que hubo más de 700 ingresos de transacciones con respecto a estas personas que se valían de un post, al que accedieron por tener una empresa de consultoría.
Afirmó que estas personas vulneraban la modalidad “tarjeta cédula”, porque se valían de la cédula de identidad y del código IC de la misma.
“Estas operaciones quedaron anuladas, las personas beneficiarias tienen sus montos intactos, el sistema Pytyvõ tiene el monto intacto, la cuenta a la que él (Gregor Brítez) mandaba está bloqueada”, expresó.
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La Fiscalía verificará cada uno de los dispositivos incautados, previa orden judicial, para extraer los datos.
La fiscala Silvana Otazú dijo que se trata de un hecho de estafa por sistema informático ya que los autores utilizaron un post para poder estafar al Estado y a las personas beneficiarias.
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La trazabilidad del dinero desembolsado hizo posible la identificación de la empresa que era beneficiada con los recursos económicos del programa social creado en medio de la emergencia por el coronavirus (Covid-19).
El operativo fue realizado por la Policía Nacional y por la Fiscalía en la ciudad de Capiatá, Departamento Central.