Se trata de los jueces Víctor Nilo Rodríguez (Juzgado Recoleta), Nathalia Garcete Aquino (Juzgado La Catedral), Carmen Analía Cibils (Juzgado La Encarnación) y la ahora ex jueza Lilian González de Bristot (Juzgado San Roque), quienes tienen un proceso por uso de documentos públicos de contenido falso y prevaricato.
Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero –tras una investigación exhaustiva en los cuatro Juzgados– determinó que entre el 2023 y el 2024, los magistrados dictaron resoluciones irregulares, “violando el principio de igualdad”.
Rodríguez firmó sentencia en 174 expedientes. Por su parte, la jueza Garcete, en el mismo periodo, sacó 97 resoluciones; Cibils, dictó fallos en 237 expedientes y González de Bristot en por lo menos 185 expedientes.
Todas estas dan un total de 693 resoluciones.
MODUS OPERANDI. Entre el 2022, 2023 y 2024, las empresas de cobranzas promovieron demandas de acción preparatoria de juicio ejecutivo y otros directamente juicios ejecutivos para ejecutar pagarés “sin indicación del beneficiario”, según el Ministerio Público.
Los ujieres debían notificar a los supuestos deudores de estas demandas, para que puedan comparecer a reconocer las firmas estampadas en los pagarés.
Estos, también debían ser intimados por los oficiales de Justicia para el pago.
Otras notificaciones que debían hacerse eran para que se presentaran a oponer excepciones; y luego debía disponerse el embargo de los bienes suficientes para cubrir el monto reclamado.
¿Qué es lo que dice la Fiscalía? Que ni las notificaciones, ni las intimaciones de pago, así como los mandamientos de embargo no se hicieron.
Falsamente, los ujieres y oficiales de Justicia consignaron en los expedientes múltiples cédulas de notificación con supuestos informes de haber diligenciado “en una misma fecha, e incluso, en una misma hora, y en ciudades distantes”, a veces por la misma persona.
Teniendo estos informes, según la Fiscalía, los jueces habrían beneficiado a los demandantes, “torciendo el derecho”, porque se habrían falseado los hechos, diciendo que las notificaciones se hicieron supuestamente de la debida manera, cosa que no ocurrió en centenares de estos expedientes.
COLABORACIÓN. Los jueces habrían tenido “la colaboración activa de los abogados demandantes representantes de las empresas de cobranzas, así como de los ujieres notificadores, actuarios y oficiales de Justicia, que habrían simulado realizar actos procesales, que en la realidad nunca se daban”.
Los fiscales determinaron que ellos sabían, consintieron y acordaron “que los expedientes y las actuaciones fuesen elaborados por los abogados demandantes, representantes de firmas de cobranzas”.
Es decir, que no eran los funcionarios judiciales los que hacían las diligencias.
También supuestamente sabían que los demandados no comparecieron a reconocer su firma, y conocían que las notificaciones eran falsas.
Finalmente, los magistrados de los Juzgados de Paz de Recoleta, Catedral, La Encarnación y San Roque sacaron sus resoluciones “con el conocimiento de que se apartaban de la ley”, y “con la clara intención de favorecer a la parte actora”, dice la imputación.
En total, en esta causa fueron imputadas 63 personas, entre las que están los jueces, actuarios, ujieres, oficiales de Justicia y abogados, quienes promovían las demandas. Los hechos son por prevaricato, uso y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Dicen los fiscales que hay elementos suficientes que sustentan la sospecha de los hechos, así como la participación de los hoy imputados en el esquema.
