La pelea más abierta se ve entre el Ejecutivo que encabeza el presidente Santiago Peña, por un lado, y del otro, el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, que si bien se origina a partir del tijerazo que quiere imponer Peña de los fondos que hasta ahora eran manejados por las gobernaciones y entres descentralizados en concepto de Fonacide, tiene como trasfondo una precipitada pelea político electoral, ya que hoy Peña es la persona en la cual se recuestan la mayoría de los colorados por tener la lapicera, aunque no el liderazgo, y Estigarribia encarna el liderazgo en su partido dado que tanto Efraín Alegre y Blas Llano ya pasaron a cuarteles de invierno.
La vieja excusa de combatir el hambre, ahora utilizada por el Ejecutivo para intentar meter mano en los recursos que hasta ahora fueron descentralizados es una “lucha” que se impone cada gobierno –sin éxito, por cierto–, así como la erradicación del analfabetismo, la corrupción, la inseguridad, etc. Pareciera que aún no salen de ese humo llamado campaña en el que prometen el oro y el moro.
Dirán algunos, en especial los que siempre están prestos para las hurras y pendientes a una mordida al erario, que a Peña se le puede dar la derecha en este tema puesto que conoce el área económica dado que fue ministro. Algunos con menos argumentos dirán solamente que confían en él por ser “churro”. Dirán los optimistas eternos, pero genuinos al fin que hay que tener fe en este gobierno que recién inicia.
Los que nos dejamos guiar por las señales, en especial cuando son claras, vemos en este paso del Ejecutivo un oportunismo, disfrazado de buenas intenciones. Así como los otros gobiernos no tienen un plan, sino intenciones de manejar el dinero. Si le interesara la austeridad y la transparencia, el gobierno ya hubiese pensado y actuado tenazmente en el presupuesto que le tocó diseñar.
En ese presupuesto, en el que es cierto también meten manos los legisladores, se avala el regalo a los transportistas tramposos, las compras superfluas, el despilfarro en sueldos para operadores y parientes políticos. Iniciemos con decir que para el sector del transporte se tiene previsto pagar a los empresarios de este rubro, 262.638 millones (USD 36 millones), incluso más que en 2023 cuando se pagaron 224.000 millones por un servicio que sigue siendo deficiente.
Es un despropósito si consideramos que es un servicio cuestionado por las constantes reguladas, que obligan a los pasajeros a esperar horas por buses abarrotados de personas.
Otra clara señal de que el gobierno no quiere cambiar de fondo las malas prácticas y vicios arraigados por décadas es que el Congreso tiene un presupuesto abultado, casi preferentemente destinado a sus funcionarios. Así, solo basta de muestra un botón, como saber que en el Senado se mantienen a 236 directores, generales y ordinarios, entre ellos los de fotocopia, los de impresiones, directores de mozos, etc. Cuestan un total de G. 20 mil millones al año.
Otros gastos superfluos que representan básicamente la casta de privilegiados con sueldos de primer mundo son los destinados a la Cámara Baja.
La Cámara Baja no está muy lejos de este diagnóstico, dado que su organigrama nos muestra que su radiografía consta de coordinaciones, direcciones y jefaturas cuyas funciones se superponen unas con otras y muestra a las claras que en vez de un poder es una agencia de empleos a medida de funcionarios privilegiados. Solo en el nuevo periodo parlamentario ingresaron unos 500 funcionarios a dedo. Entre los que más ganan está la hija del vicepresidente, Montserrat Alliana. Es el ejemplo que nos da el Ejecutivo y así es difícil creerle.
