19 jul. 2025

Hasta G. 50 millones pagó por sextorsión y caen implicados

Una funcionaria judicial y un hombre, con antecedentes por extorsión, fueron detenidos por sospechas de sextorsión a personas de la élite e imputados por extorsión, por el fiscal Federico Delfino.

Carlos Miguel Stehlik Maciel (25) utilizaba la red social Instagram para captar posibles víctimas de alto nivel económico, es la sospecha de la Policía, que investiga sus movimientos desde hace tiempo. Lo que él supuestamente hacía era ofrecer servicios sexuales de mujeres; inicialmente eran mensajes, luego fotos íntimas y luego venía la extorsión.

Tania Giselle Galeano Llanes, empleada judicial (25) –vecina de Stehlik– habría sido su cómplice, ya que desde su celular también se hacían los requerimientos de pagos, a través de depósitos bancarios. El comisario Nimio Cardozo confirmó que las sumas más altas que se llegó a pagar fueron entre G. 10 millones y sobrepasando incluso los G. 50 millones, para que estas personas no publiquen sus fotos.

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Finalizó la audiencia preliminar en el caso de la firma Ara de Finanzas ante el juez de Garantías, Miguel Palacios, donde el principal imputado es el ex director de la firma, Carlos Hugo Sosa Palmerola, entre otros. En el caso, se investiga un supuesto perjuicio de 14 millones de dólares en el 2014. Las defensas piden prescribir la causa.
Unas 100 familias que adquirieron terrenos de cuatro urbanizaciones de propiedad de Ramón González Daher se quedarán sin sus viviendas, pese a que ya habían abonado todo, por el comiso de los bienes de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Comisados (Senabico). La inmobiliaria que administraba las mismas pidió intervención ante la jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, pero les fue rechazada.
Un testigo señaló que su empresa ganó licitaciones de la Secretaría de Emergencia Nacional a través de Alberto Koube y realizó trabajos de transporte de cargas, pero que, de cada pago de la institución, el empresario se quedaba con el 60% mientras que él recibía 40% de los pagos. Es en el juicio oral del citado empresario junto con el ex ministro Joaquín Roa.
La Sala Civil de la Corte Suprema rechazó la demanda promovida por un ex funcionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), quien reclamaba alrededor G. 5.400 millones como indemnización por supuestos daños y perjuicios derivados de una destitución que consideraba injustificada.