Una denuncia sobre la falta de distribución de agua saltó días atrás en la escuela y colegio público Bernardo Ocampos de Lambaré. En un informe lanzado el año pasado, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) indicó que en todo el país 163 establecimientos educativos no cuentan con abastecimiento de agua.
Sobre la situación particular de la institución lambareña, la cartera estatal sigue sin brindar una solución. El Municipio emprende mejoras con recursos del Fonacide, pero tampoco se encarga de la falta del líquido vital.
La Essap apenas alcanza a cubrir 896 instituciones educativas de las 7.500 instaladas en todo el territorio nacional, siempre de acuerdo con los últimos datos distribuidos por el propio MEC.
“Encontramos de todo en las instituciones educativas que recorremos, no solo las aulas en mal estado que sabemos hay más de 10.000; ahora incluso agua no tienen en Lambaré para el inicio de clases”, comentó Miguel Marecos, titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).
Lamentó que esto afectara a 700 alumnos que deben regresar a clases el próximo 20 de febrero.
En el establecimiento, se abastecían de un pozo de agua, pero no se encuentra en funcionamiento en la actualidad.
El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) es el que distribuye agua en más cantidad de escuelas a nivel país, superando los 2.500 establecimientos.
Otros 185 locales educativos tienen distribución de agua mediante aljibes; 1.760 cuentan con pozos artesianos y 498, pozo común.
Unas 33 escuelas se valen de tajamares, tanto en la Región Occidental como en la zona oriental del país.
ENERGÍA. Se registran oficialmente 147 centros escolares que no tienen energía eléctrica en sus instalaciones. Unos 8 cuentan con conexiones directas y 10 son proveídos con generador eléctrico.
En cuanto a servicios sanitarios, hay 444 escuelas con letrina común en los baños y 76 que funcionan con letrina común y pozo ciego.
Otras 73 instituciones no tienen ningún tipo de sanitarios en sus filas.
SIN RECURSOS. Alrededor de USD 400 millones necesita el MEC solo para resolver problemas urgentes de infraestructura escolar más apremiantes, como el caso de unas 200 salas de clase que están en riesgo de derrumbe en la actualidad.
